La familia Macri apura a la Corte para que se expida sobre la investigación al Correo Argentino
Buscan impedir que la fiscal Boquín siga investigando el supuesto vaciamiento de la empresa estatal transfiriendo fondo a dos de las firmas más importantes del holding presidencial. Ante el pedido formal, la Corte Suprema deberá tomar una decisión que estará condicionada por la tensión entre Macri y Ricardo Lorenzetti.

Los abogados del Correo Argentino presentaron un escrito ante la Corte Suprema para que se expida rápidamente y así detenga la investigación de la fiscal general Gabriela Boquín sobre el vaciamiento de la firma para transferir fondos a Sideco y Socma, las dos joyas del holding Macri.
La empresa espera que se frene la investigación por vaciamiento y desvío de fondos por lo que presentó la nota ante la Corte Suprema y también al interino Procurador General de la Nación Alejandro Casal. El hombre que fue puesto a dedo por el Gobierno deberá expedirse sobre uno de los temas que mayor preocupación le generan a Mauricio Macri.

Ese doble rol también deberá negociarlo el presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti a la hora de dar una definición ante el apuro del Correo. En cuanto a Casal queda clara la postura judicial de las camaristas Matilde Ballerini y María Gómez Alonso de Díaz Cordero, de la Cámara Comercial, quienes rechazaron esa posibilidad en el mes de abril.

Además de la investigación de Boquín sobre el desvío de fondos del Correo a Socma y Sideco lo que generó un vaciamiento de la empresa pública se suma el capítulo abierto por el juez Ariel Lijo en el fuero penal por la condonación de la deuda millonaria que la firma alcanzó con el Estado generando un fuerte perjuicio para las arcas públicas.

La negociación que aún sigue pendiente en el fuero comercial para que la empresa pague sus deudas a los acreedores y el Estado. Es ahí que Boquín detecta movimientos extraños que terminan en supuestos giros a Socma y Sideco.

Lo concreto es que el pedido de los abogados del Correo no debería correr si se mantiene la independencia judicial sin que el Gobierno ni sus operadores intervengan. Tanto la propia fiscal como la Cámara Comercial fueron claros hasta el momento en que la ley otorga a cualquier fiscal la posibilidad de investigar posibles delitos.