Imputan a presos por realizar secuestros virtuales desde la cárcel

Siete presos fueron notificados tras detectarse los ilícitos por los que cobraron sumas millonarias en pesos, dólares y euros. Fueron detenidas dos mujeres que actuaban como “ayuda externa”.

Siete presos, que estaban alojados en la cárcel de la ciudad bonaerense de Benito Juárez, quedaron imputados de ser los integrantes de una banda que desde esa unidad penitenciariase dedicaba a perpetrar secuestros virtuales, que tenían como víctimas a personas que residen en la zona norte del Gran Buenos Aires. Al concretar estos ilícitos, cobraron sumas millonarias en pesos, dólares y euros, además de establecerse que contaban con la “ayuda externa” de un grupo de mujeres, que serían sus parejas.

La causa, a cargo del fiscal Claudio Scapolán, del Area Ejecutiva de Investigaciones Criminales de la Fiscalía de San Isidro, terminó con siete reclusos notificados de su imputación en este expediente y con dos mujeres aprehendidas, sindicadas como quienes intervenían en el cobro de los rescates.

Los internos fueron identificados como Lucas Maximiliano Gómez, Juan Víctor Herrera, Joshua Manuel Cachafeiro, Cristian Nicolás Muniz Prieto, Pablo Jesús Nestor Castell, Mario Alberto Sánchez y Pablo Nicolás Van Lierde, los que quedaron imputados por “asociación ilícita y extorsión’, mientras están alojados en la Unidad Penal 37 del Servicio Penitenciario Bonaerense (con asiento en la localidad de Barker del partido de Benito Juárez) por otros delitos.

Según la investigación, desde ahí y con teléfonos celulares que tenían escondidos en sus calabozos, cometieron varios secuestros virtuales en las zonas de Vicente López y San Isidro.

El fiscal Scapolán estableció hasta el momento por intermedio de escuchas que Nestor Castellera el cabecilla de la organización, ya que se encargaba de conseguir los celulares y los chipsdesde los cuales se hacían los llamados extorsivos. Además, el acusado determinaba quiénes tenían que realizar cada comunicación y quién debía ser la persona encargada de cobrar el dinero exigido.

Entonces, los otros seis presos fueron imputados como presuntos miembros de esta asociación ilícita, ya que se hacían pasar por efectivos policiales que le aseguraban a sus víctimas que algún familiar tuvo un accidente de tránsito, por lo que necesitaban los datos de la cobertura médica para su atención.

Al obtener los datos suficientes, la llamada se convertía en una extorsión en la cual le exigían dinero y joyas para la liberación del supuesto familiar secuestrado, caso contrario lo iban a matar.

Según la acusación del fiscal, las encargadas de retirar el dinero eran dos mujeres, parejas de algunos de los presos, que ya fueron detenidas por personal de la DDI San Isidro.

Para cobrar los rescates, estas mujeres iban a las casas de sus víctimas o quienes realizaban las llamadas pactaban un lugar de entrega del dinero en algún punto del Conurbano bonaerense y enviaban hacia allí un remís, que no tenía relación con la banda.

El dinero y los elementos de valor eran distribuidos entre quienes ejecutaban el cobro y familiares o allegados a los integrantes de los presos involucrados en la banda.

En la causa hay escuchas telefónicas en las que no sólo quedó grabada la forma en la que los delincuentes extorsionaban a las víctimas con los falsos secuestros, sino también las conversaciones de los presos con las mujeres que cobraban los rescates.

En los allanamientos en el penal, se secuestraron al menos 12 celulares, chips, cargadores y anotaciones con números de teléfonos y direcciones que tenía la banda sobre las víctimas de los falsos secuestros, ocurridos desde el 15 de noviembre de 2018 hasta el 16 de enero de este año.

El primero que comenzó a investigarse sucedió en Las Lomas, partido de San Isidro, donde una mujer entregó 8.000 euros, 10.000 pesos y 200 dólares. Casi una semana después, otra vecina de la localidad de Béccar fue amenazada porque supuestamente su hermano estaba secuestrado y a cambio le exigieron 4.000 pesos y un reloj.

Otro hecho ocurrió el 14 de diciembre cuando una adolescente de 16 años, residente en Olivos, fue intimidada por teléfono al decirle que entregara objetos de valor a cambio de liberar con vida a su padre, tras lo cual pagó 9.000 dólares que un remisero retiró de su casa.

Cinco días después, un hombre fue intimidado por teléfono porque su padre estaba ‘secuestrado’ y entregó 9.000 dólares, 10.000 pesos y 5.000 pesos uruguayos.