Julio López: una desaparición forzada
A 14 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN
Julio López: una desaparición forzada a la que todos los Gobiernos le dieron impunidad
Pasaron 14 años de su segunda desaparición y aún no se sabe qué pasó con Julio López y la causa en que se investiga es un monumento a la impunidad. Como se sabe, Miguel Osvaldo Etchecolatz fue protagonista directo de las dos desapariciones de Jorge Julio López: una en 1976 y la otra treinta años después, el 18 de septiembre de 2006.
Etchecolatz, desde marzo del 76 hasta enero del 79 fue Director General de Investigaciones y organizó los comandos y grupos de tareas encargados de secuestrar y torturar a miles de trabajadores y estudiantes en el circuito Camps. Recibió su primera condena a prisión perpetua efectiva por crímenes de lesa humanidad el 19 de septiembre de 2006, un día después de que Julio López desapareció. Luego el genocida recibió condenas similares en otros juicios y hoy está siendo juzgado junto a una veintena de represores por los crímenes de la Brigada de San Justo.
La primera desaparición de López
En los años 70 Jorge Julio López colaboraba en una unidad básica impulsada por Montoneros en el barrio platense de Los Hornos, donde vivió casi toda su vida. Tras ser secuestrado el 27 de octubre de 1976 pasó por varios centros clandestinos de detención del circuito Camps, de los cuales Etchecolatz era el responsable: la estancia La Armonía en Arana y las comisarías quinta y octava de La Plata.
El 4 de abril de 1977 fue “legalizado” (es decir puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la junta militar) en la Unidad 9 de La Plata, donde permaneció como preso político hasta el 25 de junio de 1979.
El día que volvió a desaparecer
El 18 de septiembre de 2006 Julio López desapareció luego de salir a la mañana de su casa de Los Hornos. Se dirigía al centro de La Plata a escuchar los alegatos de sus abogadas querellantes que integraban el colectivo Justicia Ya. Fue un juicio histórico. Era el primero que se iniciaba luego de que fueran declaradas nulas las leyes de Obediencia Debida, Punto Final.
Después de treinta años de lucha, las abogadas querellantes pidieron que se juzgara por genocidio, y finalmente hubo una condena por crímenes cometidos «en el marco del genocidio”. La diputada Myriam Bregman, una de las abogadas de Julio López, en su alegato explicó el contexto social y político en que, bajo las órdenes del Estado, las fuerzas represivas aniquilaron a una generación de obreros, intelectuales y estudiantes militantes que luchaban por cambiar de raíz la sociedad.
El testimonio de López en ese juicio fue central, ya que detalló cómo el propio Etchecolatz dirigía y ejecutaba las sesiones de tortura y los asesinatos. Él vio las ejecuciones de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Su relato de aquellos hechos permitió la condena del genocida.
Julio López había declarado por primera vez en los llamados Juicios por la Verdad, realizados a finales de los 90. Allí recolectaron cientos de denuncias y testimonios, pero sin efectos condenatorios de ningún tipo, ya que estaban vigentes las leyes de impunidad y los indultos pactados entre los genocidas y el régimen político radical-peronista-frepasista.
López dio testimonio el 7 de julio de 1999. Allí relató los tormentos que sufrieron él y el resto de sus compañeros y compañeras, los asesinatos que vio y describió cómo Etchecolatz era responsable directo de todo eso.
Volvió a declarar en la instrucción de la causa contra este genocida el 16 y el 30 de noviembre de 2005 y, finalmente, declaró en el juicio oral el 28 de junio de 2006.
Monumento a la impunidad
Así definió desde el principio la causa por la desaparición de López la recordada Adriana Calvo, fundadora y máxima referente de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y quien junto a las abogadas Myriam Bregman y Guadalupe Godoy fueron parte del núcleo denunciante desde un inicio de la desaparición.
La AEDD, integrada por sobrevivientes de los horrores más brutales de la dictadura, como la misma Calvo, Nilda Eloy y Enrique “Cachito” Fukman, fue de vital importancia para que López tomara la decisión de dar testimonio luego de dos décadas de silencio (incluso intrafamiliar).
Hoy, cuando el gobierno de Mauricio Macri, plagado de negacionistas progenocidio, lleva casi cuatro años de gestión, es natural denunciar su nula intención de que se sepa qué pasó con López y su nula voluntad de ajusticiar a sus desaparecedores. Pero de los trece años de impunidad en el caso, Macri estuvo en la Casa Rosada apenas un cuarto. Nueve años y tres meses de esa impunidad se dieron bajo gobiernos kirchneristas.
La definición temprana de Calvo sobre la causa, como un monumento a la impunidad, hoy cobra un sentido lapidario. Cuando la lanzó por primera vez aún gobernaba Néstor Kirchner, el líder peronista que luego de mandar a reprimir a las Madres de Plaza de Mayo de Santa Cruz en 2001, vio que apoderarse de la bandera de los derechos humanos desde la Casa Rosada, luego del “que se vayan todos”, podía redituarle mucho políticamente.
Cuando desapareció López, Kirchner se preocupó mucho por las consecuencias políticas del caso. Públicamente habló del “compañero Tito” (como le decían a Julio), de su “compromiso” por llegar a la verdad y la justicia y de la casi seguridad de que bandas “parapoliciales” estuvieran detrás del crimen. Pero mientras se mostraba compungido para la tribuna, sus funcionarios nacionales y los de Felipe Solá (entonces gobernador bonaerense) sellaban el más abyecto pacto de encubrimiento con la Policía formada por Camps y Etchecolatz.
Desde Aníbal Fernández diciendo que Julio podía estar en la casa de una tía, hasta las huestes de Jaime Stiuso operando de mil maneras (obviamente a las órdenes de algún superior), y las decenas de pistas falsas que fueron plantadas, y tomadas por ciertas por el Poder Judicial cómplice, sellaron la impunidad. En ese marco, junto al Estado que encubrió, hicieron todo lo que estuvo a su alcance para que López no apareciera, ni vivo ni muerto.
¿Tan difícil resultaba centralizar indicios para desentrañar la madeja en la que quedó atrapado un albañil de 77 años que no quería esconderse de nadie, que caminaba todo el tiempo por las calles de una ciudad superpoblada y que no tenía vínculos ni relaciones turbias con nadie? Parece que sí.
Al menos resultaba tan difícil como meterse con los máximos sospechosos de un caso que conmovió al país por su brutalidad y mensaje. Fue el propio León Arslanián, entonces ministro de Seguridad bonaerense, quien les confesó a los organismos de derechos humanos que alrededor del caso se estaba jugando la “gobernabilidad” de la Provincia y que, por eso, palabras más palabras menos, meterse con los sospechosos no era conveniente. Y así fue.
Obviamente los aliados del kirchnerismo siempre repartieron culpas a conveniencia. Que los jueces, que los fiscales, que la Policía de siempre. Hasta hubo quienes creyeron (y lo transformaron en una denuncia penal) que la responsabilidad de lo que le pasó a López estaba en manos de los propios organismos de derechos humanos que le habían dado el impulso para que sacara toda su verdad y diera su invalorable aporte para la Memoria, la Verdad y la Justicia. Canalladas que, en definitiva, no son más que un penoso capítulo de esta larga historia de impunidad.
A doce años de esa nueva desaparición en “democracia”, en la “investigación” judicial no hay ni un solo imputado de los múltiples sospechosos.
El envalentonamiento que da la impunidad
En octubre de 2014 en La Plata el Tribunal Oral Criminal Federal 1 estaba finalizando el juicio por La Cacha, uno de los Centros Clandestinos de Detención (CCD) que funcionó en la región. En el momento en que se estaba leyendo el veredicto Miguel Etchecolatz miró a los familiares de las víctimas y a los organismos de derechos humanos en forma amenazante, cínica, inmutable.
De su bolsillo sacó un papelito doblado que desplegó con calma e intentó llevárselo al juez, pero no lo dejaron. Las fotografías mostraron luego que en el papelito del excomisario estaban escritas las palabras “Jorge Julio López” y “secuestrar”.
López llevaba ocho años desaparecido y hacía pocos días una nueva movilización exigía su aparición con vida.
Este y todos los genocidas militares, policiales, empresarios, civiles y miembros de la Iglesia católica contaron con el amparo de todos los gobiernos: desde las leyes de impunidad vigentes durante décadas, la “prisión” domiciliaria para beneficiar a “pobre viejos sufrientes”, los intentos de “reconciliación” desplegados a través de discursos oficiales y de editoriales de la prensa cómplices (y beneficiarios) del genocidio y hasta casi el “2×1” para los condenados de los peores crímenes contra la población, solo frenado por la movilización de cientos de miles de personas en todo el país.
Aunque haya quienes se ofusquen con la denuncia, Etchecolatz tuvo de su lado el silencio y la negativa de llegar a la verdad garantizados por los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Tan es así que entre 1983 y 2017 el represor siguió formal y administrativamente siendo parte de la Policía Bonaerense como jubilado.
A poco de cumplirse trece años de su desaparición, el genocida Etchecolatz montó una nueva provocación hacia las víctimas, sobrevivientes y familiares, enviando una carta a la gobernadora María Eugenia Vidal para pedirle volver a ser parte de la fuerza. Semejante hecho produjo el repudio de los organismos de derechos humanos y amplios sectores de la sociedad. Como era de esperarse, la Gobernadora ni siquiera repudió este “pedido”.
Con más fuerzas que nunca, a catorce años de la segunda desaparición de Julio López, reafirmamos el compromiso inquebrantable de pelear cada día por el juicio y castigo, en cárcel común y efectiva, para todos los genocidas.
Por todas las compañeras y todos los compañeros. Presentes, ahora y siempre. Por Facundo Astudillo Castro y por todas las víctimas de la violencia estatal, mañana a las 11:30 en Plaza de Mayo reclamaremos junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia, porque el Estado es responsable .
Fuente: La Izquierda Diario
