¿Padilla puede ordenar su detención?

La segunda negativa del fiscal Carlos Stornelli a brindar declaración indagatoria ante el juez Alejo Ramos Padilla supone, en lo inmediato, un callejón sin salida para la causa por la red de espionaje y extorsión que tiene al falso abogado Marcelo D’Alessio como protagonista y verdadera mancha venenosa sobre Comodoro Py.

Con su desplante y sus fueros, Stornelli puso la pelota en el campo de la política antes que de la vía administrativa. Ramos Padilla considera injustificada esta nueva ausencia y que lo esgrimido por la defensa del titular de la Fiscalía Federal N° 4 –que ayer volvió a recusarlo– se resolverá a su tiempo pero no implica suspender la indagatoria.

Si Stornelli fuese un ciudadano común, el juez federal de Dolores lo declararía en rebeldía y asentaría el pedido de detención en todos los registros para que sea la fuerza pública la que lo lleve a declarar. Pero no se trata de cualquier persona, sino de un magistrado y, como tal, lo amparan sus fueros. Es decir que hoy por hoy todo depende de la voluntad del fiscal. Y si él no decide presentarse, la única manera es que pierda sus fueros luego de un juicio político. Ramos Padilla podría declararlo en rebeldía –como algunos vaticinan–, pero su detención quedaría supeditada a una eventual remoción, algo que suena muy lejano, tanto en plazos como en condiciones políticas.

Si bien en febrero pasado el diputado nacional por Río Negro Martín Doñate, del FPV, denunció a Stornelli por mal desempeño y solicitó al procurador general Eduardo Casal la “apertura de procedimiento disciplinario para su eventual destitución del cargo”, todo se encuentra en una etapa más que inicial. Por plantear una comparación cercana, es tan prematuro como el pedido de remoción que el gobierno nacional impulsa contra el propio Ramos Padilla.

El caso supone una situación sui géneris: un integrante de primer rango de la justicia que se niega a cumplir en dos oportunidades con lo dispuesto por otro magistrado de igual nivel. Tampoco abundan antecedentes recientes de integrantes del Ministerio Público fiscal sometidos a juicio político. El más inmediato es el ocurrido en 2014 contra el fiscal de Saavedra, José María Campagnoli, acusado de excederse en sus atribuciones al investigar al empresario Lázaro Báez. Si se lo toma como referencia, todo ese proceso –bastante accidentado y que acabó por diluirse sin sentencia– duró unos diez meses.

A diferencia de los jueces federales, que rinden cuentas ante el Consejo de la Magistratura, los fiscales lo hacen en el propio ámbito de la Procuración, para lo cual se convoca a un Jurado de Enjuiciamiento compuesto por siete miembros: tres designados por el Ejecutivo, el Senado y el Consejo Interuniversitario Nacional; dos en representación de los abogados y otros dos elegidos por sorteo entre los fiscales.

Pero todo este planteo teórico está lejos de tener algún indicio de reflejo en el plano real. Lo que sí está operando son las presiones concretas y todas las miradas apuntan a la cabeza del Ministerio Público y al rol de Casal en el manejo de esta verdadera crisis. Por lo pronto, a Stornelli ya le sugirieron que, para descomprimir, se tome licencia en la llamada causa de los “cuadernos”, pero Casal aún no pudo encontrar a un fiscal sustituto que esté dispuesto a asumir ese expediente. Para el procurador tampoco pasó desapercibida la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad le concedió a Ramos Padilla los recursos que había pedido para poder llevar con solvencia su investigación. Un reclamo que hizo durante la misma exposición en la Cámara de Diputados por la cual el gobierno pidió destituirlo.