Polémica por «la política sanitaria» de Insfrán en Formosa
Se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas. El jueves pasado, las concejalas opositoras de Formosa Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas durante varias horas cuando se manifestaban frente a una escuela que funciona como centro de atención para personas con COVID-19 por la situación que atraviesan los habitantes de la provincia que están en cuarentena por el coronavirus.
Cabe destacar que con la llegada de la pandemia, el gobierno de Formosa instaló un cerrojo extremo que le valió varias denuncias: miles de personas estuvieron varadas durante meses sin poder regresar a sus casas debido a causa de las normas sanitarias impuestas por el gobernador Gildo Insfrán.
Las dos ediles relataron que en la comisaría 1ª de la capital provincial les quitaron los celulares “de una forma muy agresiva” y las mantuvieron separadas y con esposas hasta que ingresó “el senador (Luis) Naidenoff, con el doctor (Miguel) Montoya, que ofició de abogado”.
Sobre el episodio de la detención, el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, planteó que las dos concejalas, antes de ser detenidas, “golpearon ventanas y portones” y que “se les pidió por favor, cuatro veces, que dejaran de hacerlo”.
González aseguró que Neme y Ruiz Díaz estaban manifestándose “delante de la escuela” N° 18 de la capital de Formosa, que la administración de Insfrán utiliza como centro de atención sanitaria con motivo de la pandemia de Covid-19, y que “el inconveniente empieza cuando golpean ventanas y portones”.
Mientras tanto, el gobernador de Formosa desestimó las críticas de la oposición a las medidas implementadas para contener la pandemia en la provincia, donde apenas hay siete fallecidos por coronavirus, aseguró que seguirá «trabajando en la política sanitaria, defendiendo la salud y la vida de todos los formoseños” y remarcó que todo forma parte de una campaña en su contra al recordar que 2021 «es un año electoral».
“Cuando se pretende criticar a la provincia, con todo orgullo cada uno de nosotros tenemos que levantar la frente y decir que Formosa tiene los mejores indicadores (epidemiológicos) del país, y eso se debe a una política sanitaria”, aseguró Insfrán, en el marco de una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, en la Casa de Gobierno de Formosa.
En ese sentido, el Partido Justicialista Nacional (PJN) denunció una «feroz campaña política y mediática» contra el manejo de la situación sanitaria en Formosa y resaltó que esa jurisdicción logró tener «la menor cantidad de contagios y de muertes por Covid-19» del país.
Mientras que la Coalición Cívica pidió la intervención federal de esa provincia por supuestas violaciones a los derechos humanos, en un proyecto de ley que lleva la firma de los diputados Juan Manuel López y Mónica Frade.
«La política sanitaria desplegada por el gobierno de la provincia de Formosa logró tener la menor cantidad de contagios y la menor cantidad de muertes por Covid-19 en la República Argentina», sostuvo el comunicado firmado por el presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja.
Y aclaró: «En una pandemia, la principal obligación de todo gobierno es defender la salud y la vida de su comunidad. La feroz campaña política y mediática desatada nuevamente en contra de esa provincia no puede tener como verdadero fundamento, por ende, una preocupación sanitaria».
Por otra parte, el interbloque de Juntos por el Cambio pretende que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, brinden explicaciones por la crisis que se desató en Formosa por la situación en los centros de aislamiento contra el coronavirus instalados por el gobierno de Gildo Insfrán a través de un pedido de interpelación presentado en la Cámara de Diputados.
Según el planteo de los diputados de la coalición opositora, en los centros de aislamiento de Formosa se violan los derechos humanos. «Se están dando hechos gravísimos que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos», afirmó Ricardo Buryaile
El diputado nacional por Formosa y opositor provincial a Insfrán, completó: «Las condiciones habitacionales distan muchísimo de lo que podría considerarse ‘digno’, siendo espacios sin refrigeración, sin distanciamiento y sin derecho a la intimidad».
El pedido de interpelación a los funcionarios nacionales tiene el apoyo de 28 diputados del interbloque opositor. «Nos preocupan las detenciones, nos preocupan las vejaciones a los habitantes de la provincia; por lo tanto, nos preocupa la falta de democracia», afirmaron de Juntos por el Cambio.
En tanto, el senador nacional Luis Naidenoff dijo por el mismo medio que «el Gobierno de la provincia descree de la responsabilidad social e individual de los formoseños y apostó desde el primer momento de la crisis sanitaria al control social generando una política del miedo que le dio resultado».
El ministro de Gobierno formoseño, aseguró que «nunca existieron varados» buscando entrar al distrito en el marco de restricciones por la pandemia de coronavirus y afirmó que solo hubo casos de «personas que vivían en otras provincias y deseaban regresar a Formosa».
En diálogo con Radio Con Vos, el funcionario resaltó que Formosa «tiene desde abril un sistema de ingreso ordenado y administrado a la provincia en el que las personas tenían que inscribirse y, una vez dentro de la provincia, realizarse un test de PCR y un aislamiento de 14 días».
«La Corte Suprema dijo en su fallo que los inscriptos al 19 de noviembre tienen que entrar en el término de 15 días y así se hizo: 8.321 personas habían inscriptas en ese momento, de las cuales más de la mitad no tenía domicilio en Formosa, mientras que el resto, en muchos casos, no quisieron venir porque su situación ya había cambiado», agregó.
González subrayó que, «por lo tanto, nunca existieron varados, sino personas que vivían en otras provincias y deseaban regresar a Formosa» y agregó que «fue una construcción mediática y era mentira y en la práctica se comprobó su falsedad».
«Lo que nos pidió la Corte fue acelerar el proceso y lo hicimos, y cuando se le planteó un incumplimiento, la Corte dijo que Formosa había cumplido luego de que presentemos todas las pruebas», enfatizó el ministro provincial.
González evaluó que «existe una gran discusión en la que hay una exacerbada defensa del derecho individual por encima de la defensa de la vida y la salud colectiva y, en ese duro equilibrio, hay posiciones ideológicas muy fuertes».
Se estima que en Formosa hay 100 centros de aislamiento que albergan a unas 3.000 personas: 600 son casos activos de COVID; 1.300 personas están aisladas «por contactos estrechos», y entre 800 y 1.000 personas que fueron aisladas preventivamente, por ser «casos sospechosos». Al gobierno formoseño se lo acusa de propiciar confinamientos compulsivos de los vecinos y de falta de atención en esos centros.
