Se suman nuevas pruebas de aportes truchos a la campaña de Macri 2015
Contratistas y empleados del gobierno porteño están en la mira, mientras la causa boya en los tribunales. La sobrina del juez Irurzun, que intervino en el caso, figura como aportante.
En la última semana, la causa judicial por los aportes de campaña de la elección presidencial de Mauricio Macri pasó por tres jueces y aún no está confirmado cuál de los magistrados con sede en los agitados tribunales federales quedará al mando de un caso que ya presenta indicios claros de que el Presidente llegó al poder con un informe de recaudación de campaña con varios puntos flacos. Un relevamiento de la ONG La Alameda y el dirigente Gustavo Vera revela que varias de las empresas cuyos empleados y ejecutivos figuran aportando a la campaña de Cambiemos en 2015 ganaron contratos millonarios con el Estado porteño y nacional. La Justicia deberá investigar si esos aportes son falsos. Además, detectaron que el oficialismo presentó en esa campaña aportes de 1.147 empleados del gobierno porteño.
La información ahora aportada por la ONG pone el ojo en dos de esas líneas: presuntas dádivas en forma de contratos y licitaciones a empresas proveedoras del Estado porteño que habrían canalizado fondos a la campaña a través de sus ejecutivos y empleados; y la presunta utilización de empleados públicos para blanquear aportes de origen desconocido. Tras la decisión de Irurzun, el expediente recayó el martes en el juzgado de Luis Rodríguez. Mientras el magistrado afronta un escándalo, señalado por un supuesto pedido de coimas, se desprendió el viernes de la causa y se la envió al juez Ariel Lijo, quien deberá confirmar si asume el caso.
