«Dejá de hacer periodismo de guerra»

El periodista macrista quiso pegarle al Gobierno por el Correo Argentino sin mencionar la millonaria deuda que dejó la familia Macri.

El periodista Pablo Duggan cruzó a su colega de Clarín, Alejandro Alfie, por una nota sobre el cambio de gestión en el Correo Argentino, la empresa que era de la familia Macri y que le debe al Estado unos $4500 millones con intereses, según el cálculo de la fiscal Gabriela Boquín.

Alfie tituló que «La Cámpora se hace cargo del Correo Argentino» porque Vanesa Piesciorovski es su nueva presidenta y agregó que «la agrupación que comanda Máximo Kirchner logró quedarse con la mayor empresa postal del país. De este modo, el cristinismo sigue ocupando empresas y organismos con cajas poderosas y gran capilaridad territorial».

Duggan cuestionó el abordaje de su colega macrista y lo cruzó en Twitter al asegurar que es «un desastre el título» y le pidió: «dejá de hacer periodismo de guerra».

A fines del año pasado, la Justicia ordenó abrir un proceso de salvataje de la empresa para evitar su quiebra. Así, el caso de la enorme deuda que los Macri tienen con el Estado pasará al juzgado de primera instancia de Marta Ciruli. Ella abrirá un registro para anotar a quienes quieran pagarla y quedarse con la empresa.

La causa tiene 18 años y durante la gestión de Mauricio Macri buscaron pagar menos de lo que correspondía pero la fiscal Boquín lo denunció por lo que el camino sigue abierto. La empresa ofreció pagar lo que debía en 2002, unos $296 millones, y los intereses sólo si ganaba los juicios contra el Estado por su expropiación.

El Grupo Macri tuvo la concesión del Correo entre 1997 y 2003, cuando Néstor Kirchner la rescindió ya que la empresa no había cumplido con el pago del canon durante el primer año. La deuda ascendía, a 2001, a $296 millones. O sea, US$296 millones ya que regía la convertibilidad.

Ese año comenzó la causa judicial de la empresa que entró en concurso de acreedores. Durante años intentaron presentar distintas propuestas que fueron rechazadas por el Estado, acreedor mayoritario.

La fiscal percató que la compañía buscó diluir sus compromisos dilatando los tiempos y aseguró que el monto asciende a los $4500 con intereses y la actualización por la devaluación.