El coronavirus en las cárceles

Centenares de médicos hicieron un control sanitario en los penales Federales y Bonaerenses para frenar la propagación del virus.

Durante toda la jornada de este sábado, centenares de médicos estuvieron dispuestos para revisar a quienes visitaron a los detenidos en los distintos penales de los servicios penitenciarios Federal y Bonaerense. El objetivo es no restringir las visitas porque sería violatorio de los derechos de las personas privadas de libertad, además de que se crearía una situación explosiva en las cárceles, como ya ocurrió en Italia y España. Sin embargo, también fue prioritario controlar lo máximo posible que personas con síntomas ingresen a los penales.

Por eso se les tomó la temperatura, se chequeó por declaración jurada los casos de tos, dolor de garganta o problemas respiratorios y si alguno de los visitantes estuvo en países donde el virus circula. La población carcelaria en sí misma es de riesgo porque hay muchísimos detenidos con asma, tuberculosis y hepatitis, además de un cuadro de hacinamiento, en especial en la Provincia de Buenos Aires.

En el sistema federal, la superpoblación es sólo del tres por ciento, pero en el sistema bonaerense el exceso es más del 100 por ciento: hay 24.000 plazas y 45.700 internos en las cárceles, además de presos en comisarías.

Durante este sábado no hubo ningún inconveniente y se concretaron los controles de acuerdo al protocolo que emitieron los dos ministerios de justicia, el Nacional, a cargo de Marcela Losardo, y el de la Provincia de Buenos Aires, cuyo titular es Julio Alak.

El trámite para ingresar a los penales fue más complicado en este sábado por las medidas dispuestas. Las autoridades estudiaron cómo se manejó la cuestión en el exterior, incluyendo los dos casos críticos, Italia y España, donde se produjeron motines y hasta muertes, y también en el resto de los países europeos donde hubo menos problemas.

A la Unidad 9 de La Plata, por ejemplo, en la que hay unos 1.700 internos, llegaron un total de 25 médicos que estuvieron a cargo de la revisación de todas las visitas. Fueron profesionales que trabajan para el Servicio Penitenciario pero la dotación se reforzó con médicos del sistema de salud bonaerense. Hay que considerar, por ejemplo, que la Unidad 9 fue construida en 1960, o sea que tiene una antigüedad de 60 años, y lo mismo sucede con la mayoría de los penales: están en muy malas condiciones edilicias y de higiene. Para colmo, las plazas habilitadas son 800, o sea que la superpoblación es mayor al 100 por ciento.

Al cuadro de crisis existente en su momento se sumó la doble política del macrismo, que hizo trepar la cifra de internos en la Provincia de Buenos de unos 36.000 a 50.000 y al mismo tiempo redujo brutalmente los presupuestos de todo tipo, incluyendo los de comida y salud. La mayoría de los presos son jóvenes, lo que significa que no son de riesgo desde el punto de vista de la edad, pero sí son de altísimo riesgo por las enfermedades respiratorias y de otro tipo contraídas en el encierro.

Hoy, en total hay 47.500 presos en cárceles bonaerenses que tienen plazas para 24.000; unos 4.000 presos están en comisarías donde hay espacio para 1.300 y también hay internos en alcaidías, lo que suma una cifra por encima de esos 51.000.

En el Servicio Penitenciario Federal, a cargo de Emiliano Blanco, la situación no es tan crítica. Oficialmente sólo hay una superpoblación del tres por ciento, aunque hay estimaciones que la sitúan en más del 10 por ciento. Desde el punto de vista sanitario también hay abrumadora presencia de asma, tuberculosis y hepatitis. De todas maneras, el SPF venía tomando medidas por el dengue, por lo cual ya contaba con las «pistolas» para tomar la temperatura e incluso hay cámaras térmicas en varios penales, similares a las que existen en los aeropuertos. También se dispusieron camas de aislamiento en dos hospitales penitenciarios, el de Ezeiza, y un sector del Muñiz, para el caso de que surjan casos que requieran internación.

La Cámara de Casacion Penal y la Cámara del Crimen dictaron medidas que buscan aliviar la presión en el terreno federal. Por un lado, se les pidió a los juzgados que resuelvan lo más rápido posible las excarcelaciones o prisiones domiciliarias de embarazadas y mujeres con hijos chicos. También se dispuso que se envíen menos detenidos, tanto a la alcaidía del Palacio de Tribunales como a la alcaidía de Comodoro Py. El detenido que, por el delito, seguramente será excarcelado, deberá permanecer en la comisaría donde fue apresado y no será enviado a ninguna de las dos alcaidías. Finalmente se resolvió que los jueces les den pronto despacho a los pedidos de excarcelaciones. Los presos de lesa humanidad están tratando de aprovechar la oportunidad porque, obviamente, son los de más edad y, por lo tanto, población de riesgo. En la Provincia de Buenos Aires ni la Corte Suprema ni la Casación dictaron ninguna resolución sobre los presos, al menos hasta ahora.

Las medidas de control de ingresos en los penales rigen también para el personal penitenciario y para los proveedores, de manera que el operativo que debió desplegarse es enorme. Se suspendieron todas las licencias y hay una especie de máxima alarma.

Está claro que el encierro y la circulación del virus son fuertemente contradictorios y derivan en una situación de alta peligrosidad. Como en el resto de los aspectos de la crisis por el Covid-19, el seguimiento deberá ser día a día.