El Ministerio de Justicia intervino el instituto de Bullrich
Se trata del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), utilizado por la precandidata de Juntos por el Cambio para el pago de pasajes, catering y alquiler de salones. Además sirvió para el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. |
| El Ministerio de Justicia dispuso la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), la fundación presidida por Patricia Bullrich a través de la cual financiaba su campaña mediante donaciones que eran destinadas a la compra de pasajes, catering, alquiler de salones y el pago de honorarios a su exjefe de campaña, el diputado Gerardo Milman. La intervención fue solicitada por el Inspector General de Justicia (IGJ), Ricardo Nissen, que había iniciado un proceso de investigación tras una denuncia por «irregularidades».A partir de esa denuncia, el organismo controlador determinó que, efectivamente, «desde el IEES se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar», según precisó un comunicado de la cartera encabezada por Martín Soria. Según el organismo, la utilización de esa ONG para costear una campaña electoral «vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles» y «podría implicar una violación de la ley 26.215», de Financiamiento de los Partidos Políticos. Las actuaciones sumariales producto de la investigación del IGJ determinaron irregularidades como por ejemplo, un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar acciones de proselitismo político, «en franca contradicción con el objeto social autorizado». También, detectaron irregularidades contables y administrativas. «Se verificó un crecimiento exponencial de los ingresos y egresos del IEES. De no tener fondos para solventar los gastos corrientes pasó a recaudar más de 90 millones de pesos».La intervención fue aplicada a través de la Resolución 742/2023, que se basa en el artículo 10, inciso J, de la ley 22.315 que estipula que la cartera judicial puede tomar esa medida «si verifica actos graves» e «irregularidades no subsanables» de una institución. |
