La millonaria estafa a Educación
Este jueves dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) bonaerense fueron detenidos, en el marco de la causa que investiga una millonaria malversación de fondos públicos. Los investigadores realizaron allanamientos en City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata y hallaron dinero en efectivo, autos, motos y hasta embarcaciones deportivas, un reflejo de la vida de lujo que llevaban los acusados.
El caso ganó repercusión cuando el encargado de la estación de servicio Axion de 44 y 31, Maximiliano Normann (44), se quitó la vida en el baño del lugar. Horas antes había sido detenido unos de sus compañeros con 15 tarjetas de débito en su poder, todas habilitadas para la compra del combustible que abastece a la flota de autos de la cartera provincial de Educación y las cuales se habrían utilizado para fraguar operaciones con esa empresa y obtener una millonaria suma de las arcas del Estado bonaerense.
Este último jueves, en tanto, otros dos funcionarios de la DGCE fueron detenidos en marco de la misma causa, tras una serie de allanamientos realizados en lujosas casas de City Bell, Punta Lara, Berisso y La Plata, donde los investigadores no solo hallaron cuantiosas sumas de dinero, sino también un arma, autos, caros ciclomotores, una casa rodante, cuatriciclos, motos de agua y hasta una imponente lancha.
Los detenidos eran Jefes de Departamento de Combustible y Automotores de la Cartera y quedaron a disposición de la Justicia acusados de los cargos «asociación ilícita, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito». Se sumaron así al playero detenido y a otros dos funcionarios que fueron suspendidos y ya presentaron pedidos de eximición de prisión.
La causa se inició el 26 de abril pasado, cuando la policía detuvo en un control policial a un joven de 29 años identificado como Walter Cejas, quien trabajaba en una estación de servicio de 44 y 31.
De acuerdo con el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, el playero «se puso nervioso» y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo. Los efectivos comprobaron que se trataba tarjetas de débito Bapro Copres, utilizadas por los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales y allí mismo lo detuvieron y dieron el puntapié a la investigación.
Los investigadores trabajan contrarreloj para determinar la cantidad de dinero desviado, aunque se estima que las 15 tarjetas recibían cargas de entre 250 mil y 1 millón de pesos cada semana. De igual modo, buscan establecer si otros trabajadores de esa u otras estaciones de servicio y más empleados de la cartera educativa están involucrados en la estafa.
«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal, tras conocerse la noticia. Sin embargo, no es la primera vez que detectan este tipo de situaciones, ya que el año pasado la cartera provincial suspendió preventivamente a cuatro choferes por irregularidades con las tarjetas de combustible.
