Un fiscal que pide apartar a Ramos Padilla

Tiene vínculos con el Presidente desde la época de Boca y fue denunciado por «pisar» causas de lesa humanidad y de demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA.

Raúl Plee es un nombre pesado en Comodoro Py y no es para menos. Fue acusado de demorar la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA, tiene relación con Mauricio Macri desde su paso por la Comisión de Seguridad de Boca, fue denunciado por “pisar” las causas de lesa humanidad, desalentó la investigación sobre los fusilamientos y torturas de La Tablada, fue fiscal antilavado que no encontró lavado de dinero en Argentina y ahora colocó a su hija Celeste como funcionaria antilavado y fue uno de los arietes de la operación Nisman.

Su cargo formal es fiscal ante la Cámara de Casación Penal, pero su influencia se extiende por los demás pisos de Comodoro Py e incluso más allá. Que intervenga en la causa por las operaciones de espionaje ilegal para desplazar al juez Alejo Ramos Padilla debería llamar la atención, ya que algunas de sus relaciones más estrechas están entre los involucrados en el caso: Mario Montoto, presunto jefe de la banda que giraba en torno al espía ilegal Marcelo D’Alessio, y el juez Claudio Bonadio, denunciado en esa causa desde el día uno. A esto se suman sus vínculos con Macri, que datan de su paso por la Comisión de Seguridad de Boca junto a otro de los involucrados en esta oscura trama, el fiscal en rebeldía Carlos Stornelli.

Ahora, en sintonía con los intereses de Stornelli, Macri e incluso de D’Alessio, el fiscal Plee pidió que la Corte Suprema le quite la causa por las operaciones de inteligencia ilegal al juez Ramos Padilla y la mude a Comodoro Py. El objetivo es claro: tenerla controlada.

“Habiendo transcurrido casi medio año del inicio de la pesquisa, los elementos reunidos no solo no han develado maniobra ilícita alguna consumada en la jurisdicción de Dolores que justifique que el juez que previno mantenga el conocimiento de la causa, sino que resultan más que suficientes para afirmar su incompetencia en razón del territorio en los términos del art. 39 del CPPN y, además, para respaldar la remisión a la justicia federal de esta ciudad, en aplicación del art. 37 de dicho ordenamiento procesal”, argumenta Plee, en contradicción a lo que dijeron tanto la Cámara Federal de Mar del Plata como la Cámara de Casación, que dejaron le investigación en manos de Ramos Padilla. De forma provisoria, si, pero la dejaron en Dolores.

Esta movida de Plee para favorecer a sus amigos y al Gobierno llega a 2 días de que se conmemore el 25 aniversario del atentado a la AMIA. Relacionar ambos hechos no es azaroso: Plee fue denunciado por el CELS y Memoria Activa por haber demorado la acusación contra los procesados por encubrir el atentado.

Los vínculos con AMIA no acaban allí. Plee fue uno de los fiscales que encabezó la marcha del 18 de febrero de 2015, a un mes de la muerte del fiscal Natalio Alberto Nisman. En ese momento, los familiares de las víctimas recordaron su letargo para acusar a los encubridores del atentado. Otra coincidencia con el Gobierno de Macri, que desarticuló la unidad AMIA del Ministerio de Justicia y su titular Germán Garavano hizo que José Console, otro miembro de la comisión directiva de Boca, pidiera la absolución de los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, finalmente condenados. A finales de 2015, el propio Plee pidió que se reabriera la denuncia de Nisman, desestimada en todas las instancias previas. Era un paso vital para la campaña mediático-judicial contra CFK y Plee hizo su parte.

Plee pasó por otras causas clave para la democracia. En su libro La Tablada, los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia cuentan la intervención de Plee sobre los fusilamientos y torturas dentro del regimiento, cuya investigación desalentó pese a los reclamos de los familiares. Lo mismo hizo con causas por delitos de lesa humanidad, en beneficio de genocidas.

Otra de sus áreas de expertise es lavado de dinero, un puntal de sus múltiples relaciones con el poder. Plee estuvo seis años a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero (Ufilavdin), donde casi no encontró casos de lavado de dinero. En 2012, la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó lo desplazó, colocó en su lugar al fiscal Carlos Gonella y rebautizó la unidad como Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac). Las diferencias entre ambas gestiones fueron sintetizadas por Horacio Verbitsky: “En 2012, Plee solicitó el embargo de 300.000 pesos en bonos, tres vehículos y un inmueble y secuestró 120.000 dólares. En lo que va de 2013, Gonella pidió el embargo de 187 millones de pesos y secuestró 3,3 millones. La Ufilavdin obtuvo dos medidas cautelares y la Procelac 257. Plee solicitaba el archivo de la mayoría de las denuncias que recibía, Gonella de ninguna. Se entiende que el titular de la Procelac y su jefa hayan sido el blanco elegido”. La última frase del Perro es clave: Gils Carbó tuvo que renunciar tras una furibunda campaña mediático-judicial en su contra. Gonella no la pasó mejor, tuvo que dejar la Procelac y Bonadio lo proceso por tuitear información pública. Real. Que Bonadio y Plee compartan eventos antilavado no es casual.

El nexo en el mundillo del lavado de dinero es Juan Félix Marteau, presidente de la Fundación Finint, desde la que organiza eventos a los que no faltan Plee y Bonadio así como Montoto y el propio operador con patente de periodista Daniel Santoro. También se juntan todos en el Programa de Actualización sobre Prevención Global de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo que dictó en la Universidad de Buenos Aires bajo control del estudio Marteau. Entre los expositores de ese curso estuvieron Plee, Bonadio, el ministro de Justicia Germán Garavano, Santoro y su compañero de aventuras Nicolás Wiñazki, el secretario de seguridad Eugenio Burzaco, entre otros.

Con la llegada de Macri a la Casa Rosada, el poder de Plee como interlocutor en las cloacas judiciales se acrecentó, y su mano llega desde los nombramientos de fiscales hasta la colocación de su hija Celeste en un puesto clave en la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado dedicado casi en exclusividad a la persecución de ex funcionarios kirchneristas. Celeste venía de trabajar en el estudio Marteau. Todo se encadena.