Ajuste sobre la infancia
El impacto de la crisis en niños, niñas y adolescentes es una variable invisibilizada en la mayoría de los análisis macroeconómicos. Habrá menos inversión en infraestructura escolar.
El presupuesto aprobado en el Congreso ha sido ya analizado desde diferentes aspectos y en todos ellos se expone el ajuste generalizado que significa para los y las trabajadoras. Los recortes principales apuntan a los subsidios y las prestaciones sociales, los programas de salud y la inversión educativa, pero la lista sigue en las áreas de vivienda, trabajo, transporte y todo aquello que no se relacione directamente con los servicios de deuda. Este panorama general resulta útil y necesario para entender lo que nos espera el año que viene, pero apunta principalmente a la población adulta y los jubilados.
Una mirada sobre el impacto diferenciado en niños, niñas y adolescentes que tendrá la implementación de este presupuesto 2019 obliga a asumir que la infancia se ha convertido, una vez más, en una variable de ajuste invisibilizada en los análisis macroeconómicos, especialmente en aquellos presentados por el oficialismo. El nuevo paquete dinerario, impuesto por los organismos internacionales de crédito, busca alcanzar el déficit cero vulnerando las vidas de los más pequeños en numerosos aspectos.
El recorte en las pensiones no contributivas, como la Asignación Universal por Hijo (130 mil beneficiarias menos) y las pensiones a madres de siete o más hijos (7230 menos), son evidentes en los efectos que tienen sobre la calidad de vida de los niños y niñas, y la posibilidad de acceder a una buena alimentación, ropa, vivienda y las mínimas condiciones para jugar y estudiar. En los marcos del Ministerio de Desarrollo también se reducen casi un 20 por ciento los planes de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, poniendo en riesgo la implementación de la ley 26.061 (de protección integral de niños, niñas y adolescentes). La progresiva desfinanciación de las defensorías y los servicios locales de protección dificulta una tarea que es de por sí compleja y que recibirá aún menos recursos el año que viene.
Además, este presupuesto aplica un ajuste real del 20 por ciento en la Secretaria de Políticas Integrales Sobre Drogas (Sedronar), lo que redundará en la reducción o eliminación de los programas de prevención de drogas dirigidos especialmente a adolescentes y jóvenes, así como las políticas de contención y asesoramiento a sus familias. Quedarán asimismo desfinanciados los servicios territoriales de adicciones, que dependen de esta Secretaría de Presidencia de la Nación, y los escasos hogares terapéuticos que ella dispone, también abocados en su amplia mayoría al trabajo con menores de 18 años.
Si a esto le sumamos el impacto negativo que el Presupuesto 2019 tiene sobre los derechos de las mujeres a cargo de sus hijos, tal como lo presentó el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en un reciente informe, podemos estar seguros de que nos enfrentamos al embate más fuerte contra la infancia desde la sanción de la ley en 2005.
