Alzas de servicios regulados en octubre le meten presión al bolsillo

El aumento de los precios «regulados» a partir del mes próximo recalienta el reclamo por la depreciación del salario.

Los reclamos gremiales comienzan a acumularse en la segunda parte del año y, con los incrementos previstos para el año próximo, la conflictividad laboral podría dispararse si no se toman medidas concretas. A la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que en el último lustro supera el 25 por ciento, y a una inflación que este año se prevé oficialmente en torno al 95 por ciento, la eliminación de subsidios a la energía y el transporte y las subas autorizadas en comunicaciones, prepagas y colegios privados desde el mes próximo le pondrán presión a las negociaciones. Este lunes referentes de la CGT se reunieron con el presidente Alberto Fernández, donde analizaron la situación de los trabajadores privados formales, mientras se mantiene el conflicto entre patronal y gremios del rubro productor de neumáticos. 

Hasta el año pasado la conflictividad laboral mostraba signos de caída, a partir de la fuerte creación de empleo, a pesar de que en su mayoría fueron con salarios a la baja. De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el año pasado hubo 740 conflictos que derivaron en un paro de actividades, la cifra más baja desde 2006 (785 casos), cuando comenzó a tomarse este registro. Entre 2012 y 2016 el número se había mantenido por encima de 1000 casos. Pero este año comenzaron a calentarse los motores gremiales y ya hubo paros en los gremios de camioneros, transporte de colectivos y logística de granos, en Salud, en Educación y, desde hace unas semanas, en el neumáticos. 

Con una inflación que se aceleró en los últimos meses, la negociación paritaria perdió fuerza en la recuperación del poder adquisitivo. Mientras, se aguarda por alguna definición oficial sobre una suba en el piso de ingresos para compensar la pérdida masiva en los estratos de menores recursos. De acuerdo con el informe que difundió el INDEC la semana pasada, ocho de cada diez trabajadores formales cobra menos de 85.000 pesos; es decir, por debajo de la canasta básica de un hogar de cuatro miembros (a junio ascendió a 105 mil pesos y actualmente supera los 120 mil). Esta caída se acentuó con la escalada en el precio de los alimentos, a los que se sumarán a partir del mes próximo el ajuste sobre los denominados precios «regulados».

Hasta el momento, los precios «regulados», donde tiene incidencia el Estado en su determinación, se mantenía por debajo del promedio, siendo una ancla (muy débil) para la inflación general. En lo que va del año (hasta agosto), la inflación general fue de 56,4 por ciento, mientras que los servicios de agua, electricidad y gas aumentaron 43,8 por ciento; transporte, 50,1 por ciento; comunicación, 32,8 por ciento y educación, 55,6 por ciento. Pero estos ítems cobrarán relevancia en el peso de la canasta de los hogares a partir del mes próximo, cuando se esperan los aumentos de electricidad, gas y agua, alquileres, TV por cable, seguros, prepagas y colegios, entre otros.

Un informe de la consultora Focus Market anticipa que por la quita de subsidios a las tarifas de energía y agua y por la suba de precios en los alquileres y los servicios de televisión por cable, streaming, telefonía, prepaga, colegio privado, expensas y seguros el costo de la canasta familiar alcanzaría los 283.000 pesos en marzo del año próximo, sin contar los alimentos básicos. Actualmente la canasta básica total, que no incluye el gasto en alquileres (por ejemplo), apenas supera los 120.000 pesos, lo que representaría un incremento 135 por ciento en medio año, «sin tener en cuenta alimentos, recreación y compra de electrodomésticos y muebles», según el informe. 

El salario real, en promedio para toda la economía, se redujo 0,4 por ciento en el segundo trimestre, luego de haberse reducido 1 por ciento en el primero, según el último Informe de Coyuntura del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía, integrado por economistas de la Universidad Nacional de Rosario. El trabajo mostró que, de los 10 trimestres transcurridos del mandato del Frente de Todos, en cuatro se produjeron mejoras de los salarios, y en seis hubo caída de los mismos. Hubo un descenso total, hasta junio de este año, de 3 puntos en promedio, que se sumaron a los 23 puntos caídos durante todo el gobierno de Cambiemos.

El aumento de los regulados no solo incrementará la inflación sino que cambiará drásticamente la proporción del salario que se destine a estos servicios, dependiendo del ingreso del hogar. «La situación económica de los argentinos para los próximos meses será de ajuste por que su nivel de ingreso no podrá compensar los aumentos en servicios en forma acumulada que se vienen. Mientras el Gobierno piensa que la variable de equilibrio de los ingresos privados son los salarios, la mayoría de los argentinos son cuentapropistas o informales que no tienen ninguna forma de alcanzar los servicios requeridos para continuar manteniendo su nivel socioeconómico», señala Focus Market.

En los últimos dos años y medios se sumaron 314.000 monotributistas, mientras que el empleo registrado público, con 102.000 puestos, superaron ampliamente al trabajo privado, que sumó 89.000 personas a sus nóminas laborales. Esto confiere distintas posibilidades de discusión salarial, profundizando la precariedad laboral. Este lunes el Ministerio de Trabajo volvió a intentar destrabar el conflicto que continúa sin resolverse por mejoras salariales y de condiciones laborales en el sector neumático encabezado por el gremio Sutna, de empresas fabricantes de neumáticos, que lleva ya cinco meses y tuvo su punto álgido el último sábado, cuando la empresa Bridgestone anunció que cerraría temporalmente su producción en el país.

Con algunos gremios ejecutando sus cláusulas de revisión y otros logrando nuevos acuerdos que empujan el techo de la paritaria 2022, el espacio que se referencia en el moyanismo dentro de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA) calientan motores para lanzar su operativo clamor por un bono de fin de año. Desde la cúpula de la CGT le planteó al Presidente una serie de propuestas, como la de una suma fija para los salarios más bajos. En la CTA pretenden hacer pública en el transcurso de estos días una alternativa para ofrecer un doble bono de 30 mil pesos cada uno a pagar durante diciembre y enero para «corregir el desfasaje inflacionario» con los salarios.

En el Gobierno, junto a algunos gremios, apuestan a la reapertura de paritarias como forma de recuperar parte de esa pérdida, tal como inició este lunes el gremio bancario que conduce Sergio Palazzo. 

Las cifras de empleo son prometedoras, pero no derraman en mejores salarios. Por el contrario, lo que se ve es una manor participación de los asalariados en el Producto Bruto Interno. Sin embargo, el aumento del porcentaje de quienes trabajan por su cuenta o sin estar formalizados, refuerza la precarización laboral, dejándolos afuera de la discusión paritaria. Para estos sectores también se esperan anuncios, como el bono que se otorgará a los hogares indigentes a partir de la mayor recaudación por el dólar sojero. Esta semana se conocerá el número final de ese ingreso por derechos de exportación. No debería pasar de los próximos días el anuncio para este segmento.