Centros de salud privados amenazan con interrumpir la atención médica

La Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) expresó su preocupación por los efectos de la pandemia, los ingresos congelados y el fin del ATP.

Más de 5500 centros médicos privados agrupados en la Federación Argentina de Prestadores de Salud(FAPS) expresaron su preocupación por los efectos de la pandemia y la finalización del ATP para pagar sueldos y amenazaron con interrumpir la atención normal a los pacientes.

Según comentaron desde la FAPS, los representantes del sector empresario y de los trabajadores de la salud (FATSA) analizaron en las últimas horas la crítica situación del sector prestador de salud privada que, de no tomarse medidas urgentes, no contará con los recursos necesarios para poder atender normalmente a la población a partir de enero de 2021, según advirtieron.

Los empresarios y el gremio que lidera el co-secretario general de la CGT, Héctor Daer, señalaron que más de 5500 empresas prestadoras de salud privada atraviesan una “crisis” fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisión del Gobierno de finalizar el plan de ayuda a través del ATP y el Decreto N°300/2020 a partir del 31 de diciembre de este año. Además, recordaron que el sector viene sufriendo una crisis estructural desde 2002, cuando se declaró la Emergencia Sanitaria por primera vez.

Según denunciaron, los prestadores de salud deben afrontar “altos costos en dólares de insumos médicos e infraestructura, además de una fuerte presión tributaria, por la que, por cada 10 pesos que ingresan, el sector paga 4 pesos de impuestos”.

“Estamos frente a un escenario económico, financiero y sanitario crítico, que pone en riesgo inmediato la supervivencia de muchos prestadores de salud”, explicó José Sánchez, presidente de la FAPS.

Las entidades privadas representan a clínicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de análisis clínicos, empresas de emergencias médicas, empresas de internación domiciliaria, entidades de diagnóstico y atención ambulatoria, diálisis, clínicas de salud mental y establecimientos geriátricos. “Representa un sector crítico en el plano sanitario -atiende a 7 de cada 10 personas en el país- y en el económico, ya que emplea a la mayoría de los y las profesionales y técnicos de la salud”, destacaron los voceros.

Desde la Federación explicaron que “la pandemia profundizó el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos operacionales a partir de la implementación de protocolos de distanciamiento y la aparición de nuevos costos por efecto de los insumos especiales para la atención del COVID 19; el incremento de costos salariales para contar con personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado, y otros costos que generó la abrupta caída en la demanda de atención médica ante las restricciones de circulación y el temor de la población al contagio”.

“Desde el inicio de la pandemia mantuvimos un diálogo constructivo con el ministerio de Salud, el ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios de Salud y los representantes de los trabajadores. En esas mesas de trabajo explicamos la problemática del sector. Si bien se implementó el ATP y el decreto 300 hasta el 31 de diciembre, el gobierno decidió retirar toda la ayuda a partir de enero, situación que generará un colapso del sistema”, comentó Jorge Cherro, presidente de Adecra, una de las cámaras integrantes de la FAPS.

Los empresarios revelaron que en reuniones con representantes del Gobierno nacional, la FAPS elevó distintas propuestas para alcanzar una solución a tiempo de esta crisis, tales como el aumento de las tarifas de los financiadores y un reordenamiento impositivo que deje de ahogar al sector y le permita sostenerse de manera sólida y sustentable.

“Los prestadores privados de todo el país entendimos que tenemos que trabajar juntos para poder motorizar las soluciones que necesita nuestro sector. Generamos miles de puestos de trabajo, invertimos en el país y le damos salud al 70% de la población. En el interior, la situación es crítica debido a que la mayoría de las empresas son Pymes y no tienen espalda para afrontar esta crisis. Muchos prestadores no pueden pagar cargas sociales desde el 2002 y acumulan deudas millonarias con el Estado”, concluyó José Luis Sánchez Rivas, presidente de la Confeclisa, otro miembro de la FAPS.

En este marco, los dueños de clínicas privadas y centros de salud reconocieron que, si no se definen soluciones inmediatas desde el Gobierno nacional, las instituciones deberán “implementar distintos mecanismos para priorizar las atenciones médicas de acuerdo con su urgencia y complejidad, como consecuencia del faltante de recursos proyectado para 2021”.

Asimismo, advirtieron la necesidad “impostergable” de trabajar en medidas económicas estructurales que den sostenibilidad al sector.