CGT retiró apoyo a proyecto de blanqueo laboral
El Ejecutivo modificó a último momento el proyecto, lo que provocó la ausencia de Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT. La relación está al borde de romperse
La CGT no brindó apoyo al proyecto de blanqueo laboral y quedó al borde de romper relaciones con el Gobierno, cuando otros sectores sindicales presionan para declarar un quinto paro nacional contra las políticas económicas del Gobierno.
El conflicto se desató por el texto final de la iniciativa, que según la dirigencia gremial es diferente del que habían acordado los técnicos de la central obrera con funcionarios a última hora del lunes. La disputa también golpeó al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
El entredicho quedó en evidencia con el faltazo que la jefatura de la CGT protagonizó en el plenario de comisiones del Senado donde debía dar inicio el debate por el proyecto. Aunque los abogados de la central se encontraban en el recinto, Héctor Daer, cosecretario general de la organización, avisó a último momento que no acudiría.
El núcleo de disidencias entre el proyecto original, consensuado con los gremios tradicionales, y el que finalmente el Gobierno tenía previsto enviar al Congreso, se resume en al menos dos artículos: el 2, en el que se habilita a los trabajadores regularizados a computar hasta 60 meses (o cinco años) de servicios con aportes, que estipula como base de cálculo “un monto mensual equivalente al promedio de los salarios mínimos” de los convenios colectivos de cada actividad, cuando la iniciativa previa garantizaba contabilizar “remuneraciones promedio”, y el 11, que libra de contribuciones patronales a los empleadores respecto sólo de los asalariados “blanqueados” cuando el texto anterior extendía el beneficio a cualquier nueva contratación.
Además, los negociadores dijeron que el último proyecto privaba a los trabajadores regularizados de una cobertura mayor. En otras palabras, los técnicos alegaron que tal cual había sido redactada la iniciativa dejaba abierta la puerta a los empleadores para blanquear una relación laboral y echar luego al trabajador sin mayores costos, y con la salvaguarda de librarse de un juicio por empleo irregular.
La controversia y el faltazo empantanaron la relación entre el Gobierno y la CGT en momentos en que la jefatura de la central tomaba distancia de los reclamos por una nueva huelga surgidos de los sectores que rodean a Hugo Moyano.
