Condenados que esperaron en libertad la confirmación de las penas
Las excarcelación del ex vicepresidente Amado Boudou abrió la puerta a pedidos similares de otros detenidos. Los primeros fueron José María Núñez Carmona y Nicolás Ciccone -también en prisión por el caso Ciccone-, quienes consiguieron el beneficio. Este viernes fue el turno de Lázaro Báez: su abogado pidió que sea liberado. No está claro hasta dónde llegará la onda expansiva.
Boudou dejó la cárcel de Ezeiza por decisión del Tribunal Oral Federal 4, el mismo que lo encontró culpable de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, y lo condenó a 5 años y 10 meses de prisión. Los magistrados que votaron a favor consideraron que no existen «circunstancias concretas para presumir el peligro de fuga», aunque ordenaron monitorear al ex presidente con una tobillera electrónica y establecieron una fianza de un millón de pesos.
Uno de los argumentos centrales de la defensa de Boudou para pedir la excarcelación fue que la sentencia por el caso Ciccone aún no está firme. No es el primer caso resonante en el que las apelaciones permiten evitar durante un largo tiempo la prisión. Uno de los más emblemáticos es del cura Julio César Grassi, condenado a 15 años de cárcel por abuso de menores.
El cura fue declarado culpable en 2009. Llegó libre al juicio y así se retiró de la última audiencia. Fue detenido recién en 2013, cuando la condena fue confirmada en tercera instancia por la Corte bonaerense. Hasta ese momento fue beneficiado con el régimen de libertad asistida, lo que había generado fuertes críticas por parte de las víctimas, quienes señalaron que nunca cumplió con los controles impuestos.
«Tenía todos los privilegios, parecía un actor de cine que daba reportajes, mientras la víctima tuvo que volver al régimen de protección de testigos», había reclamado el abogado Sergio Piris, representante de uno de los denunciantes, durante la audiencia en la que se definió que el sacerdote quedara alojado en la Unidad carcelaria N°39 de Ituzaingó.
Una situación similar, aunque con idas y vueltas, atravesó Carlos Carrascosa, condenado a perpetua por el asesinato de su esposa, María Marta García Belsunce, y finalmente absuelto.
El viudo fue detenido por primera vez en abril de 2003, meses después del homicidio. En mayo de ese año salió en libertad y así llegó a juicio. En 2007 le dieron cinco años y seis meses de prisión por encubrimiento. Fue a la cárcel, aunque obtuvo la prisión domiciliaria y fue a vivir a la casa de un amigo en un country de Escobar.
Allí estuvo hasta 2009, cuando el Tribunal de Casación Penal bonaerense modificó el fallo: condenó a Carrascosa a perpetua al considerarlo como «coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo».
En 2012 la Corte Suprema de Justicia bonaerense ratificó la sentencia, al rechazar por tecnicismos la apelación de la defensa, pero dos años más tarde la Corte Suprema de Justicia de la Nación anuló el fallo y dispuso que el Tribunal de Casación bonaerense dictara un nuevo pronunciamiento.
En 2015, el viudo dejó el penal de Campana. Fue beneficiado con la prisión domiciliaria y quedó monitoreado con una pulsera electrónica. En esa condición fue que en diciembre 2016 se enteró que Casación había resuelto su absolución. Esa decisión fue confirmada este año por la Corte bonaerense. , le escribió el viudo a Irene Hurtig, hermanastra de María Marta tras conocer la resolución.
Otro caso resonante en el que un condenado evitó durante un largo tiempo la cárcel fue en el juicio por el asesinato de Miguel Bru, el estudiante de Periodismo desaparecido en La Plata en 1993. En mayo de 1999, el sargento de la Bonaerense Justo José López fue sentenciado a perpetua por el homicidio.
Sin embargo, estuvo más de un año en libertad: recién lo detuvieron en noviembre de 2000, luego de distintas instancias de apelación. En 2014 le otorgaron la libertad condicional, pero el año pasado la Cámara de Casación revocó y ordenó que regresara a prisión.
