Denunciaron penalmente a Alberto Fernández
La presentación la hizo una ONG por «por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público» por el redireccionamiento de un punto de la coparticipación porteña a la provincia de Buenos Aires.
Alberto Fernández fue denunciado este martes en los tribunales de Comodoro Py como consecuencia de sus decisión de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires 1 punto de la coparticipación para trasladárselo a la provincia de Buenos Aires.
Cabe recordar que dicha decisión tuvo como disparador final el conflicto con la policía bonaerense. Unos $40 mil millones se destinarán a la creación de un fondo para recomponer los haberes de esa fuerza de seguridad, se anunció.
La denuncia penal fue realizada por la Fundación Apolo, con la firma del abogado José Magioncalda, y sostiene que la reducción de los fondos de coparticipación vulnera el artículo 75, que establece facultades del Congreso, así como la Ley Procedimiento Administrativo.
«Alberto Fernández ha quebrantado, a través de su Decreto, el carácter convencional de la coparticipación, ya que estableció una quita sobre la CABA y decidió, de modo unilateral e inconstitucional, qué provincia será beneficiaria de dichos fondos. Por lo tanto, es importante destacar que, en virtud del atropello a los principios constitucionales y a la ley mencionada, nuestro Código Penal establece la pena de «prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo»», dice un comunicado de la Fundación Apolo.
La denuncia contra el Presidente por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 11, , a cargo del juez Martínez De Giorgi.
Al justificar la modificación, el Presidente dijo que , cuando se hizo el traspaso de la policía a la órbita porteña, el gobierno de Mauricio Macri también transfirió financiamiento de más, y que eso es lo que recupera Nación.
Descontento con la medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que llevará el caso a la Corte Suprema para que determine la constitucionalidad de la quita.
