El golpe de Estado en Bolivia fue premeditado

Por  Sacha Llorenti Soliz  es el actual embajador de Bolivia ante la ONU.

En Bolivia hubo un golpe de Estado. Atando cabos, nos damos cuenta que la Organización de los Estados Americanos (OEA) fungió de alfil en el tablero, dando estocadas en consonancia y dentro del cronograma de ese golpe, convirtiéndose en un factor que contribuyó terriblemente a la convulsión. Por otro lado, mucho menos debatible, queda claro que si la Policía y el Ejército —dos instituciones que administran el monopolio de la violencia estatal— dejan de obedecer al presidente y “sugieren” su renuncia, es una interrupción del orden constitucional: un golpe de Estado.

Los primeros síntomas de la crisis en Bolivia se evidenciaron antes de las elecciones presidenciales del 20 de octubre pasado, cuando diversas estructuras cívicas, políticas y universitarias, lideradas por los opositores Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa, iniciaron una campaña para desacreditar los comicios.AD

Después de realizadas las elecciones, y tras evidentes impericias del Tribunal Supremo Electoral, los opositores denunciaron un fraude y exigieron una segunda vuelta incluso antes de que hubiera concluido el cómputo oficial. Cuando el presidente Evo Morales invitó a la OEA para que fuesen auditados los resultados, reclamaron la anulación de las elecciones. Después del precipitado informe de la OEA, el presidente ofreció que se realizaran nuevas elecciones. Para entonces, los golpistas ya tenían todo listo.

Cabe destacar que el informe preliminar de la OEA no puede desmentir el hecho de que Evo Morales ganó esas elecciones por más de 600 mil votos. Ya hay informes que señalan que no hubo fraude.

Pese a ello, la senadora Janine Áñez se autoproclamó como presidenta de Bolivia, por lo cual hay un gobierno de facto en La Paz y un presidente constitucional que está en la Ciudad de México.

Ese gobierno de facto nombró a una ministra de Comunicación que amenazó con acusar de sedición a quienes llamó “pseudoperiodistas”. Su ministro de Gobierno advirtió con “ir a la cacería” de personas vinculadas con el gobierno de Morales y emitió un decreto que exime de responsabilidad penal a los militares que reprimen las protestas; incluso creó un “aparato especial de la Fiscalía” para detener a legisladores acusados de subversión.

Lamentablemente, las amenazas no quedaron en palabras. Las fuerzas armadas, amparadas por la impunidad que les da el decreto, han reprimido ferozmente a las organizaciones que protestan contra el golpe. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció contra el decreto y señaló que por lo menos 23 personas han muerto y 715 han sido heridas desde que inició la crisis. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, urgió a que las fuerzas de seguridad cumplan con las normas y los estándares internacionales y que aseguren el derecho a la vida.

Tenemos ahora un país con dos bloques. Uno mayoritario con un proyecto de país común, liderado por Evo Morales, que ha construido un modelo exitoso y que logró récords en crecimiento económico, redujo la pobreza extrema y el analfabetismo, e incrementó la esperanza de vida, entre una larga lista de logros.AD

El otro es un bloque híbrido, compuesto por una diversidad de oposiciones ubicadas en un espectro que va desde la derecha moderada hasta la extrema derecha que no abandonó su proyecto racista y separatista. Está liderado por una élite cuyos intereses fueron directamente afectados por el gobierno de Morales. La eliminación del latifundio, y la nacionalización de recursos naturales y de empresas estratégicas, aún son heridas abiertas para esa élite, que ha logrado movilizar a una considerable cantidad de personas, exacerbando identidades regionales, religiosas y raciales. La manipulación mediante redes sociales jugó un papel importante en esta situación.

El gobierno de facto de la senadora Áñez representa a esos intereses y a otro modelo de país. Paralelamente a la represión con saña, anunciaron que empresas públicas serán privatizadas, levantaron las restricciones a las exportaciones que aseguraban el abastecimiento interno y, cumpliendo la agenda de Estados Unidos, reconocieron a Juan Guaidó, autoproclamado líder de Venezuela, y expulsaron de Bolivia a diplomáticos venezolanos y a médicos cubanos.

Este es un gobierno de restauración del neoliberalismo en lo económico; represivo y autoritario en lo político; de regresión y de retorno de las élites racistas en lo social; y de subordinación a la Casa Blanca en la política exterior.AD

Ante este complejo panorama, la única salida a la crisis es la de un diálogo nacional que permita la realización de nuevas elecciones, con todas las garantías democráticas para todos los partidos políticos y con un acuerdo para la elección de nuevos miembros del Tribunal Electoral. Paralelamente, deben cesar ya la represión y la persecución.

El golpe de Estado ha desnudado la existencia de dos modelos de sociedad en pugna. Hay que confiar en que esas elecciones venideras sean suficientes para dirimir esta disputa.