El paquete económico y social que prepara Alberto Fernández
Los anuncios de ingreso y consumo se harían en su primera semana como presidente de la Nación.
La previa al día en que Alberto Fernández jure como presidente de la Nación en el Congreso se ha convertido en una ansiosa cuenta regresiva hasta el anuncio del paquete económico y social que prepara junto con los miembros del futuro gabinete para «socorrer» a la mayoría de los bolsillos que no llegan a fin de mes y para generar una reactivación lo más pronto posible. Asume el martes 10 diciembre y anunciaría las medidas en los días siguientes.
No hay más tiempo que perder, con casi el 40% de los argentinos en la pobreza (según estima la UCA para diciembre), y salir de la recesión es tan prioritario para las empresas (excepto algunas a las que la crisis ha beneficiado) como para todos los trabajadores (sin excepción). El sector industrial y el del comercio necesitan rehabilitar al consumo con un electroshock, según se lo manifestaron sus representantes al presidente electo en cada oportunidad en las últimas semanas.
Los trabajadores, desde el que paga el escalafón más alto de Ganancias hasta el que cobra el salario mínimo en el sector informal, han perdido poder adquisitivo notablemente en los últimos años y cualquier mejora será bienvenida. Los dirigentes sindicales así lo recalcaron también.
Todos parecen adherir, a priori, a la propuesta de un pacto social que incluya precios, salarios y tarifas. Al conjunto de iniciativas que se anunciarán en los primeros días de gestión se sumarán pronto otras que apuntan a contener la macroeconomía, así como también a otros asuntos de gobierno y que se traducirán en varios proyectos de ley. Fernández pretende que estén listos para tratarse en el Congreso en sesiones extraordinarias antes de las Fiestas y durante el mes de enero.
Por eso la preparación contra reloj del paquete de medidas del que, por más hermetismo que haya demostrado su equipo para los detalles, algo se supo a partir de lo revelado por las partes empresaria y gremial que integrarán el acuerdo.
Para los trabajadores del sector privado y de la administración pública está consensuado un aumento. En principio se habló de una mejora del salario mínimo, vital y móvil, pero al parecer será para la totalidad de los asalariados. Si se otorgará a través de un monto fijo o un porcentaje, aún está en duda. Según trascendió, podría tratarse de una suma extraordinaria de hasta $7.000 que se aplicaría de manera universal. Es probable que, de ser así, se integre al sueldo como «extraordinaria» y/o «a cuenta de futuros aumentos».
Los jubilados contarían con un aumento adicional al de movilidad. Es decir, se aplicará un porcentaje complementario al que fija la ley para diciembre del 8,74% (que llevará el haber mínimo a $14.067). No se conoce aún si la promesa de «remedios gratuitos» se concretará con igual rapidez.
Los beneficiarios de los planes sociales, en tanto, también recibirán un alza. A modo de ejemplo de la situación de emergencia, el 80% de las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo ( AUH) está endeudado con Anses por haber sacado un crédito (a tasas altísimas).
En diciembre se daría a conocer el lanzamiento de una tarjeta alimentaria que no permitirá extraer dinero, sino sólo adquirir insumos. Según confirmó el diputado Daniel Arroyo, que estará a cargo de Desarrollo Social, va «a empezar alcanzando a madres de chicos menores de 6 años».
Se suma para la población total un congelamiento de precios por seis meses de productos de la canasta básica.
En términos de endeudamiento, se destaca asimismo la clase media, que, además de acceder en los últimos tiempos a créditos personales con interés por encima del 60%, una porción considerable arrastra moras con la tarjeta de crédito. Este año se calcula que cerca del 35% que compra con plástico es deudor. Está en análisis la posibilidad de brindar créditos a tasas bajas para quienes necesiten resolver esta situación.
La inyección de pesos en el bolsillo de los trabajadores incluye incentivos para las empresas, tanto impositivos como de nuevas líneas de financiamiento.
