El proyecto del Salario Universal vuelve al ruedo

La vicepresidenta puso sobre el tapete la cuestión de la administración de las políticas sociales. Quienes proponen el “ingreso ciudadano” insisten en que reorientar parte de esos fondos podría convertir en realidad la iniciativa y acabar con la indigencia. La Asignación por Hijo, un antecedente exitoso.

«Qué hacer con los planes sociales? La pregunta quedó en el centro del debate nacional luego de que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, lo pusiera sobre el tapete en su discurso del lunes último, en Avellaneda. Quienes proponen el proyecto para instituir un Salario Básico Universal (SBU) aprovecharon la ocasión para insistir en que esta idea puede ser la respuesta que se está buscando. Y quizás tengan razón.

Pero ¿qué es el Salario Básico Universal? A veces llamado “ingreso ciudadano”, en su forma más extrema es una prestación que se otorga a cualquier persona, trabaje o no, y sin distinguir si se trata de una persona pobre o rica, de manera de garantizar un ingreso para toda la población. La diferencia con cualquier otro tipo de subsidio o plan social es que no se exige que el beneficiario cumpla con requisito alguno.

En la práctica, sin embargo, se utiliza el término para subsidios que sí están condicionados, es decir que no son exactamente universales. En España, el “ingreso mínimo vital” es una forma de SBU que solo se entrega a quienes no alcanzan un nivel determinado de ingresos.

El proyecto de los diputados oficialistas Itaí Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, ligados al dirigente social Juan Grabois, es similar a la versión española. Entre los 45 millones de argentinos, busca alcanzar a la porción más pobre: entre 7,5 y 9 millones de personas. Y el monto de la prestación sería el necesario para sacar a todas esas personas del nivel de indigencia. Equivaldría al valor de la canasta básica alimentaria que periódicamente calcula el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cuando se presentó la iniciativa, sus creadores admiten que la implementación del SBU en la Argentina requeriría que el Estado invierta “un monto significativo”. Sin embargo, ahora que en el seno del Gobierno se da el debate por la necesidad de reducir la cantidad de planes sociales, el ­proyecto cobró nueva vida: Grabois y el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, expusieron sobre el tema en la Legislatura bonaerense. Respecto a la cantidad de recursos que requeriría su aplicación, señalaron que una buena parte podría surgir, justamente, del reemplazo de planes sociales que ya le cuestan un dineral al Estado.

Hagman, por caso, dijo hace poco en una entrevista que la mitad del monto requerido surgiría de la simplificación de la política social, nutriendo el fondo del salario universal con dinero que hoy se destina a programas sociales “superpuestos e incluso contradictorios entre sí”. Y otra parte, apuntó, podría financiarse con la inminente reducción de los subsidios energéticos. Por eso, la propuesta no implicaría incrementar el déficit fiscal, enfatizó el legislador.

Dos salvedades que hizo Hagman acerca de la iniciativa: una, que no se trata de ­reemplazar todos los planes sociales que ya existen, sino solo de reorientar los que ­resulten inefectivos o una duplicación de esfuerzos; dos, que en caso de verificarse que su implementación resulta demasiado costosa, “se puede iniciar con un universo más pequeño, y establecer criterios para luego ampliar ese universo de ­beneficiarios”.

Pero quizás el argumento más convincente en favor de la implementación de un ingreso universal en la Argentina sea el hecho de que el país ya tiene algo parecido que viene funcionando bien.

AUH e IFE, los “primos” del SBU

En efecto, una política asistencial similar al SBU, su “prima”, si se quiere, ya existe en nuestro país. Se trata de la Asignación Universal por Hijo (AUH), implementada por Cristina Fernández cuando era presidenta de la Nación (así lo recordó ella misma durante su discurso del lunes).

Denigrada por la oposición antes, durante y después de su creación, la AUH es una prestación que alcanza a más de tres millones de niños, que se entrega desde 2009, y cuya validez y efectividad hoy por hoy muy pocos discuten. Vehiculizada a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), es un elemento clave para reducir la pobreza y la indigencia.

Más recientemente, y como forma de paliar los efectos devastadores de la pandemia global de Covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el Gobierno nacional implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que se implementó en tres ocasiones y este año se está pagando una cuarta vez, bajo la denominación de “refuerzo de ingresos”, también a través de la Anses.

El universo al que apunta el SBU es el mismo que el del IFE: unos 7 millones y medio de personas de entre 18 y 64 años que se encuentran bajo el nivel de indigencia. Pero, a diferencia de su antecedente, el Salario Básico Universal no sería un beneficio esporádico, sino que se pagaría todos los meses, garantizando que no haya, en principio, más indigentes en la Argentina.

Los desocupados, los trabajadores informales, los monotributistas de las categorías más bajas, las empleadas domésticas y los peones rurales conforman el grueso de la población objetivo del SBU. En su gran mayoría son personas que ya trabajan o desean hacerlo, pero no pueden porque no encuentran empleo. “Se dice que falta trabajo, y no es así: trabajo sobra, el problema es que el mercado no lo remunera”, apuntó Larroque.