Fuerte repudio al intento de Mauricio Macri de ascender a militares carapintadas

Agustín Rossi explicó por qué los militares no fueron ascendidos durante el kirchnerismo y referentes de DDHH rechazaron la medida del Gobierno.

Antes de irse, Mauricio Macri envió un mensaje con cinco ascensos de militares carapintadas, que se levantaron contra el primer Gobierno democrático pos dictadura cívico militar. Esta decisión, revelada por El Destape, generó un fuerte rechazo en la política y dentro de los organismos de Derechos Humanos.

Con la firma de Macri y el ministro de Defensa, Oscar Aguad, el Ejecutivo envió un mensaje al Senado el 1 de noviembre para recabar «el acuerdo necesario para promover al grado inmediato superior, en las fechas que para cada caso se especifica, a los Oficiales del Cuerpo de Comando – Armas del Ejército Argentino» detallados en el documento que ingresó por mesa de entrada el 4 de este mes. 

Carlos Pisoni, integrante de H.I.J.O.S., le dijo a El Destape que esta decisión del Presidente «es coherente con su matriz ideológica de Gobierno», por lo que no le extrañó que haya ocurrido. Sin embargo, destacó que es triste que «ésto suceda justo cuando se produce un golpe de Estado, un golpe cívico militar policial en Bolivia, y que este Gobierno no lo haya condenado».

Sobre esta situación, Victoria Montenegro, legisladora y presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura Porteña, aseguró que recibió esta noticia «con preocupación, sobre todo en este contexto que incluye la falta de pronunciamiento del presidente (Macri) contra el golpe militar que sufrió Bolivia». En declaraciones a este medio, analizó que esta postura es ideológica y «desde ese lugar, antes de dejar su gobierno, busca ascender a oficiales que habían sido parte del alzamiento carapintada», lo que pone a la población en una situación de alerta.

Respecto a las promociones, Pisoni recordó que el Gobierno macrista aplicó constantemente políticas contrarias a la lucha de los organismos de derechos humanos: «Desde el momento en que quisieron impulsar el 2×1 a genocidas, junto a la Corte Suprema, y tuvieron que dar marcha atrás, pasando por la decisión de que las Fuerzas Armadas se ocupen de la seguridad interior, algo que está prohibido por la constitución, continuando con la doctrina Chocobar y el protocolo que habilita el uso de las pistolas taser y disparar sin preguntar, hasta llegar a la actualidad y esta decisión, no nos extraña. Nos parece coherente con la política que lleva adelante».