Juez Lijo quiere precisiones respecto a monto de deuda
En causa en la que está imputado Macri, se pidió análisis de deuda y detalles de propuesta que rubricó Aguad y que fue denunciada por fiscal como «abusiva».
La causa penal por el fallido acuerdo entre el Estado y la empresa Correo Argentino SA de la familia Macri volvió a activarse. El juez federal Ariel Lijo ordenó un nuevo “informe técnico” que será clave para determinar las responsabilidades en el expediente por las irregularidades en el acuerdo de pago de las deudas de la empresa al Estado Nacional, que ostenta el récord del proceso más largo en la Justicia comercial. El pedido de informes del magistrado contiene puntos de pericia que fueron encargados a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, para establecer si la quita millonaria a la empresa fue “abusiva” como sostuvo en su momento una fiscal del fuero comercial, Gabriela Boquín, y si se desprende que los funcionarios que la suscribieron cometieron un delito en perjuicio del Estado.
La realización del informe llevará a tener los números exactos de la deuda de la empresa y el acuerdo que había alcanzado con el Estado, para determinar la cantidad de dinero que debería haber pagado y la que iba a depositar efectivamente, tal como determinó la fiscal Boquín, cuyo intento de apartamiento por parte de los abogados de la firma residual no tuvieron éxito. El informe apunta a comparar el valor del crédito del estado nacional con el valor de la propuesta formulada por Correo Argentino y aceptada por los representantes del Estado Nacional, en el marco de una audiencia de junio de 2016, “a efectos de determinar si existe una quita, y en su caso, estimar su cuantía”, según requirió la orden del juez Lijo.
El magistrado ordenó el informe a la Dajudeco, en el que se describen los distintos puntos que se deberán analizar. Según fuentes judiciales, el juez pidió al organismo que “se deberán describir las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado con anterioridad al 28 de junio de 2016 en la causa del concurso que tramita ante el fuero comercial, “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, número de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas”.
De acuerdo al pedido del juzgado, también “se deberán analizar particularmente las propuestas concordatorias efectuadas por la concursada al Estado Nacional en la audiencia del 28 de junio de 2016” en la causa que tramita el concurso preventivo en el fuero comercial y la que fue aceptada por los representantes oficiales del entonces Ministerio de Comunicaciones, “teniendo especialmente en cuenta el crédito verificado, capital, numero de cuotas, tiempos de espera –si los hubiera- e interés fijados en cada una de ellas”. Posteriormente, pidió Lijo, se deberá realizar una comparación entre ambas. “Se deberá informar los parámetros que deberían utilizarse a efectos de calcular los intereses que hubiese devengado dicho crédito hasta la fecha de celebración de la audiencia del 28 de junio de 2016”, puntualizó el magistrado, uno de los puntos que abordó Boquín cuando hizo la denuncia penal. “Se deberá analizar el efecto de la presentación en concurso preventivo de la firma Correo Argentino sobre los intereses de los créditos adeudados por el deudor concursado que fueron verificados y/ o declarados admisibles en el expediente donde tramita el concurso. A tal fin se deberá tener en cuenta la normativa legal y la jurisprudencia”, sostuvo la orden del juez.
A mediados de agosto, la sala II de la Cámara Federal avaló la continuidad de la causa al rechazar los planteos de nulidad de los acusados Jaime Cibils Robirosa y Jaime Leonardo Kleidermacher, presidente y abogado de Correo, y también del ministro de Defensa Oscar Aguad, imputados en el caso. Todos fueron indagados, pero el juez aún no resolvió sus situaciones procesales. Los imputados aseguraron que la cifra de $70.163 millones de quita final señalada por Boquín en su dictamen inicial sobre el monto de la deuda que iba a terminar licuada era “absurda”. Ahora Lijo quiere cotejar él mismo los números en el caso donde el fiscal Juan Pedro Zoni imputó a Macri, que tuvo una de sus primeras crisis políticas al estallar el caso en 2017.
