Kicillof fue a la corte y comenzó la batalla legal
En otro capítulo de la creciente tensión entre la Provincia de Buenos Aires y el Gobierno Nacional, el Ejecutivo bonaerense llevó el conflicto un paso más allá al presentar hace minutos un contundente planteo de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. La medida se desprende de la decisión del Gobierno central de eliminar el Fondo de Fortalecimiento para la Provincia, valorado en unos 870 mil millones de pesos.
El planteo, que ahora reposa en el despacho de la máxima instancia judicial del país, fue interpuesto por el Fiscal de Estado, Hernán Gómez, marcando así una escalada en la disputa entre ambas esferas de gobierno.
Este fondo, creado en 2020 durante la administración de Alberto Fernández, tenía como objetivo principal compensar a la provincia en medio de la crisis desatada por la pandemia, redistribuyendo la Coparticipación y descontando el 1% en los ingresos asignados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, la reciente decisión de eliminarlo generó un terremoto político y legal de grandes dimensiones.
La Nación, por su parte, justificó su decisión alegando que el mencionado fondo perjudicaba los intereses generales del país, al privar al Estado nacional de recursos necesarios para el ordenamiento de las cuentas públicas. Una postura que ha sido rebatida con vehemencia desde la administración de Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
Kicillof, quien ya había expresado su descontento por la eliminación de otros recursos como el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y el Fondo Compensar del Transporte, denunció públicamente al Presidente de la Nación, acusándolo de intentar «asfixiar» a la Provincia.
Ante la negativa de la Casa Rosada de revertir la medida, el gobernador decidió dar un paso más allá, llevando el conflicto directamente a la Corte Suprema.
Este movimiento marca un hito en la relación entre ambas esferas de gobierno, profundizando la brecha política y legal que se fue ensanchando en los últimos meses. Mientras tanto, la incertidumbre y la tensión política siguen en aumento, dejando en vilo el futuro de la gestión de recursos y el equilibrio fiscal en una de las regiones más importantes del país.
