La Justicia autorizó al Gobierno a pagar una deuda de más $100 millones con el broker Martínez Sosa
Son fondos que estaban siendo retenidos por Nación Seguros por la investigación judicial. También hay comisiones de otros brokers investigados y hasta de privados. En total, son más de $1000 millones en litigio
El juez federal Julián Ercolini autorizó a Nación Seguros a pagar una deuda de más $100 millones con el broker Héctor Martínez Sosa. Son comisiones que habían quedado embargadas por el escándalo y el avance de la causa. Ahora, luego de que la Cámara Federal revocó las inhibiciones para todos los imputados, el magistrado decidió liberar esos fondos de pólizas privadas y estatales. En total, son más de $1000 millones depositados en cuentas bancarias de Nación Seguros.
El más afectado fue Martínez Sosa, el amigo del ex presidente Alberto Fernández. Ercolini ordenó devolverle más de 105 millones. El listado de empresas o brokers investigados que recibirán sus comisiones incluye a Paris Brokers, Bri Brokers, Net Brokers, Emanuel Calvo, Laura Elena Crisafulli, y Norberto Matías Garrido, entre otros.
Apenas estalló el escándalo de los seguros, la Justicia inhibió a muchos de esos empresarios, para que no puedan desprenderse de sus bienes, y levantó el secreto fiscal y bancario de todas las firmas sospechadas. En paralelo, Nación Seguros congeló los pagos atrasados. Pasaron tres meses y se acumularon cerca de $1.040 millones por comisiones, según pudo saber Infobae de fuentes oficiales.
Pero hace dos semanas, cuando ratificó al juez al frente de la investigación, la Cámara Federal revocó las inhibiciones. Ese fallo destrabó el conflicto por los fondos. No solo de los brokers investigados, sino también de privados y del sector público que no estaban comprendidos por el decreto de Alberto Fernández.
“Corresponde además hacerle saber a la firma “Nación Seguros S.A” que en el marco de las presente pesquisa no pesan restricciones para que disponga de las liquidaciones correspondientes a las comisiones de los distintos organizadores y productores de seguros, vinculados a pólizas de clientes del sector privado, pólizas de clientes del sector público no comprendidas en el Decreto 823/2021 y pólizas del sector público comprendidas en el Decreto 823/21″, dice el fallo de Ercolini.
Todos los pagos se frenaron los primeros días de marzo. Hace unos días, Nación Seguros le preguntó al juez Ercolini si tenía que pagar. La presentación fue derivada al fiscal Carlos Rívolo, quien opinó que solo se abonen las deudas a las empresas que no figuran en la causa. Eso implicaba liberar unos 820 millones de pesos. Pero luego llegó la decisión de la Cámara.
La causa de los seguros tuvo varios movimientos la semana pasada. El lunes, el juez ordenó allanamientos en domicilios y oficinas que pertenecen a Martínez Sosa, casado con la histórica secretaria de Alberto Fernández. En total, fueron 11 procedimientos en Capital, Gran Buenos Aires y hasta en Tierra del Fuego, donde el broker mantiene los contratos con la provincia.
Y el viernes, Ercolini ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de varias empresas satélites de Martínez Sosa, como “Bri Brokers” y “Levelar”, y de otros brokers ligados a Pablo Torres García, un empresario ligado al massismo y al PRO. En paralelo, el magistrado le pidió al Banco Central, a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a la AFIP que hagan informes detallados sobre todos esos productores. En total son 9.
Además, el magistrado ordenó operativos en una decena de organismos públicos como el Banco Central o la Fuerza Aérea para llevarse documentación sobre los contratos y los intermediarios involucrados.
En esos lugares, el juez pidió una copia de los convenios y de las pólizas de seguros contratados entre el 10 de diciembre de 2019 y 9 de diciembre de 2023, un listado de los intermediarios que intervinieron en esa póliza, y “los actos administrativos por los cuales se efectuó la selección y designación de dichos productores asesores de seguros y/o intermediarios”. No es un tema menor. El juez ya tiene comprobando que muchos de los intermediarios fueron puestos a dedo, como quedó expuesto en el caso de la ANSES
