Llevan a la ONU la arbitraria destitución del juez Luis Arias

Organizaciones de derechos humanos denunciaron la separación del magistrado resistido por el sciolismo y Cambiemos por sus resoluciones en las inundaciones de La Plata, tarifazos y cuestiones laborales. Plantean ante el organismo que se trata de una “clara afectación de la independencia de la Magistratura”.

“Tenía una veintena de cargos en su contra. Se oponía a muchas iniciativas del Gobierno bonaerense”, justificaba el diario Clarín la destitución del juez Luis Arias, quien a través de numerosas resoluciones se opuso no sólo a embestidas contra los trabajadores por parte del gobierno de María Eugenia Vidal, sino también durante el sciolismo.

A mediados de agosto, el titular del Juzgado en contencioso Administrativo N 1 de La Plata fue destituido por el voto de 9 de los 11 integrantes del jurado, entre ellos los tres legisladores oficialistas, el presidente del organismo que es también el titular de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, y todos los abogados representantes de la colegiatura bonaerense.

Según la acusación, el magistrado habría incurrido en faltas genéricas previstas por la ley de enjuiciamiento, y que sin lugar a dudas sirvieron como vagas excusas para el apartamiento. Sin embargo, todo indica que las razones de fondo responden a decisiones adoptadas por Arias en causas sobre derecho a la vivienda, derechos de personas privadas de la libertad y sucesos en torno a las inundaciones de 2013 y el número de víctimas.

Aquella separación arbitraria ya trascendió las impugnaciones del ámbito local, y por medio de una presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) -junto a organismos y organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos humanos- llegó hasta el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas. El argumento central de los denunciantes es que la decisión y el proceso de destitución de Arias significa una “clara afectación de la independencia de la Magistratura”.

Tras la finalización del jury, la CPM ya había señalado que no había fundamentos ni pruebas para sostener la acusación  y que su destitución se inscribía en una estrategia de “disciplinamiento político que constituye un duro golpe a la independencia judicial”.

Tan respetado como combatido por sus pares, el magistrado supo cosechar enemigos en el amplio espectro del poder político, desde el macrismo hasta el sciolismo. Entre otras cosas, revocó la decisión del gobernador de pagar el aguinaldo de los estatales en cuotas en 2012 e investigó la cantidad real de muertes producidas en la inundación de la ciudad de La Plata que el ejecutivo bonaerense había cerrado en 52, y luego de su investigación la Justicia convalidó que los decesos fueron 89. En esa ocasión Arias señaló a la prensa: “lo que está en juego no es la cantidad de víctimas sino el derecho a la verdad colectiva”.

También durante la era kirchnerista, dispuso una prohibición de las detenciones de menores de la Policía Bonaerense por averiguación de antecedentes y también terminó con el uso de álbumes de sospechosos en las comisarías.

Con el cambio de Gobierno y la sorpresiva llegada de Vidal a la provincia, Arias no tardó en incomodar a la nueva administración. Enumeremos: falló contra los tarifazos; dictaminó que era inconstitucional el traslado de los comedores escolares a los municipios; hizo lugar a las presentaciones de los gremios en medio del conflicto docente y dejó sin efecto la conciliación obligatoria que había dispuesto el ejecutivo bonerense para frenar el paro docente de 2017.

Consultado sobre si esta era una medida disciplinaria para todo el poder judicial, aseveró: “Es un mensaje que se quiere dar. Cuando suspendí el aumento tarifario, había 50 jueces que estábamos decidiendo lo mismo respecto a las tarifas provinciales y nacionales. Hoy no existe ningún juez que suspenda las tarifas. Algún juez como Alejo Ramos Padilla de Dolores, resolvió la prohibición de cortar el servicio, pero no la suspensión de las tarifas. Hoy dejarle una demanda a un juez para la suspensión de los aumentos de tarifas de los servicios públicos es dejarle una bomba con la mecha encendida”.

Quienes siguen el día a día judicial bonaerense advierten que la destitución es todas luces un mensaje político (y por qué no, mafioso): cuestionar al poder es peligroso, pisar jardines ajenos también. Hacerlo puede costar caro, y Arias es un ejemplo de ello.