Los descamisados tampoco pedimos permiso -

El 11 de enero de 2016, a treinta días de la asunción del primer gobierno gorila que gana unas elecciones por los votos y sin fraude comicial o proscripciones, el canal 13 de televisión abierta, una de las naves insignia de la flota mediática del grupo Clarín, estrenaba la telenovela “Los ricos no piden permiso”. Y anduvo bien de audiencia, la miraban unos 400.000 televidentes promedio.
No sé trata simplemente de la primera vez que el poder concentrado de nuestro país llega al poder en elecciones, se trata de un intento de conformar una coalición que logré aglutinar tras de sí a los sectores de la población tradicionalmente antiperonistas, con una concepción entre euro-centrista y pro-norteamericana, que busca constituirse en una oposición consolidada culturalmente y sostenible a largo plazo, y por supuesto, cimentada en una matriz de país injusto.
Y para eso no solo se debe explotar a los trabajadores, destruir las funciones sociales del Estado, y endeudarnos por décadas. También es necesario inocular a través del discurso de odio y el resentimiento, la estigmatización y el sometimiento de las mayorías populares. Para ello se utilizan los medios de comunicación masiva, la vieja educación conservadora, y en la actualidad, las diversas redes sociales. Siempre lo han hecho o lo han intentado, pero en estos tiempos, y gracias a los grandes avances tecnológicos, las posibilidades de difundir estos mensajes del poder dominante son mucho más abarcativos y eficaces.
Es bueno aclarar que el sistema democrático liberal argentino permite mentir en campaña electoral, hacer promesas que luego se constatan falsas por su incumplimiento, y utilizar esos grandes medios de comunicación para demonizar y denostar dirigentes populares opositores a través de la propagación de noticias inventadas, que luego se convierten en plataforma legal para realizar denuncias falsas. Y para ello cuentan con vastos sectores de la justicia que son afines y receptivos a estas causas.
Esto nos hace cuestionar la legitimidad del gobierno que asumió en 2015, aunque no su legalidad. Para llegar a cuestionarla, tendremos que poner límites normativos y/o legislativos efectivos a la concentración mediática, y controlar a través de medidas concretas la difusión de materiales informativos que son presentados como verdades cuando en realidad son ficciones orquestadas con fines políticos.
El triunfo popular de octubre de 2019
Este triunfo histórico se asentó en la lucha en las calles de nuestro pueblo desde diciembre de 2015 para poder cortar el gobierno de los ricos lo antes posible, y en donde las grandes jornadas de movilización de diciembre del 2017 se constituyeron en un punto de inflexión. Desde esos momentos se empezó a revertir el importante consenso que Macri y sus cómplices tenían en gran parte de la sociedad.
Luego en mayo de 2019, el renunciamiento histórico de Cristina Fernández de Kirchner dio paso a la candidatura de Alberto Fernández y a la conformación del Frente de Todos. Así logramos derrotarlos y quebrar su proyecto histórico de dominio. Para que este tiempo, nuestro tiempo, se convierta en largo plazo son muchas las tareas pendientes como pueblo y como gobierno. Y eso apunta a señalar este texto, que ofrecemos como aporte al debate político.
Tenemos una gran responsabilidad nacional y regional en esta coyuntura histórica, la derrota de la derecha reaccionaria en nuestra Patria debe consolidarse y no nos será permitido fracasar. La revancha social perpetrada entre 2015 y 2019 nos parecerá un cuento de niñ@s si permitimos su regreso. La esperanza de “importar” nuestro triunfo está en los sectores populares y progresistas de muchos pueblos hermanos de nuestra región, que miran con atención y admiración la marcha de nuestro gobierno.
El gobierno de Alberto Fernández
Creemos que el presidente Alberto ya se ganó un lugar en la historia tan solo por el tratamiento dado a la inesperada pandemia, priorizando con mucha claridad y acompañamiento mayoritario de nuestro pueblo, la salud pública y la preservación de miles de vidas, por sobre todas las otras prioridades que muchos malintencionados de ese poder económico mencionado reclamaban y siguen reclamando.
La primera etapa de su gobierno podrá ser comparada (en términos históricos) con la trascendente decisión de enjuiciar a la junta militar que tuvo el presidente Alfonsín, también al principio de su mandato. Pero ese gobierno radical no será recordado por el resto de las medidas tomadas hasta su entrega anticipada del poder en 1989. En ese sentido deja de ser un buen ejemplo para tomar en lo que viene por delante. Alberto cuenta en estos momentos con el 80% del tiempo por delante, y con todo el crédito de las mayorías populares.
Compartimos el rumbo de las políticas centrales del gobierno de Alberto, muchas de las cuales citamos en nuestras propuestas y proponemos como ejemplo. Es cierto que al llevarse a la práctica se encuentran con dificultades operativas, algunas derivadas de errores que se van corrigiendo, pero otras son fruto de la presencia en la gestión de funcionarios heredados de la era neoliberal que debemos ir modificando. Lo que es más incomprensible y nos resulta innecesario es que se nombren nuevos funcionarios de ese origen, más allá de que entendamos la diversidad del Frente que integramos, y que nos llevó al triunfo electoral.
Lo que se viene
Organizaciones políticas, gremiales y sociales, con anclaje territorial y desarrollo en distintas áreas, coincidimos en denunciar que recibimos un país devastado en todos los aspectos que hacen al bienestar de los que menos tienen y que también han afectado a importantes sectores de las capas medias. La pobreza y marginalidad aumentaron y aumentarán en este contexto recesivo obligado. También es conocido el estado heredado de las arcas públicas, y es fundamental encontrar a los responsables y beneficiarios de este saqueo.
El Estado recobra aquí y en muchas otras partes del planeta un rol central, y el control de las principales variables de ingresos del mismo no pueden quedar en manos de un empresariado trans-nacionalizado y dolarizado, y mayoritariamente irresponsable e insolidario. La impredecible pandemia y su extensión no hacen más que agravar la situación, a nivel local, regional e internacional. Por ello habrá que apurar muchas medidas que se vienen debatiendo y que hace mucho tiempo venimos proponiendo varios sectores del campo del pueblo.
A saber:
– Retomar a través del Estado el control eficaz de la producción y extracción de nuestras riquezas, atacar su hiper- concentración en pocas manos, su almacenamiento y transporte, y su despacho en puertos. Su carga y entrega en destino de exportación debe ir siendo también resorte del Estado. Juntas de granos y carnes, IAPI, o ELMA son nombres que remiten a experiencias valiosas para tomar de ejemplo. Pero no importan tanto el nombre o el modelo de los organismos a crear, sino su efectividad y perdurabilidad. Y en ese sentido la reciente estatización de Vicentín es un buen ejemplo de lo que proponemos.

Es indispensable avanzar en las reformas impositivas a favor de las mayorías. Cargando los mayores aportes sobre los que más tienen, reduciendo los que afectan el consumo generalizado, y revisando las distintas formas de evasión y fuga que son endémicas en nuestra Patria. Celebramos y apoyamos, en ese sentido, el proyecto de impuesto a la riqueza, creemos que debe ser una imposición permanente como los es en los países desarrollados, y que debe abarcar no solo a los individuos sino también a las desmedidas ganancias de las grandes empresas.
Revisar, como oportunamente se está haciendo, los orígenes, los responsables, y el destino del feroz endeudamiento externo es vital. Posponer sus pagos, como también se propone, facilitaría la realización de esta tarea, y a la vez permitiría asistir con esos excedentes no pagables a las necesidades básicas de nuestro pueblo, al control de las principales variables financieras, y la recuperación económica del país. Y también legislar para impedir la posible reiteración de estos hechos.
Creemos indispensable recuperar para el pueblo y a través del Estado el control de los servicios públicos esenciales. La energía y las comunicaciones deben estar en manos de empresas estatales, como así también las extracciones de riqueza natural en nuestro territorio que abastecen a las mismas. YPF debe estar en su totalidad en posesión del Estado argentino. Mientras tanto es imprescindible poner freno a las tarifas descontroladas e imparables, y retrotraerlas usando como parámetro el nivel de ingreso de la mayoría de nuestro pueblo.
Estas actividades extractivas deben hacerse con ajuste a la protección del medio ambiente. Debe priorizarse el uso de energías renovables. Ante las anunciadas crisis del agua y de los alimentos, y siendo nuestro país poseedor de grandes reservas de esas riquezas, debemos aspirara a lograr nuestra soberanía alimentaria, y a proteger nuestra inmensa cuenca acuífera. En ese sentido debemos detener y revertir la extranjerización de porciones de nuestro territorio.
Apoyamos el proyecto de convertir el aporte estatal a las empresas en crisis (ATP) en parte accionaria de las mismas. Y así mismo queremos someter a debate la necesidad de un ingreso universal, pero que no debería concretarse sin contrapartida laboral. Aportamos como propuesta que el mismo, en parte, sea un ATP que abarqué asistir a emprendimientos pequeños y medianos, cooperativas, empresas recuperadas por sus trabajadores, etc., que han tenido muchas dificultades para entrar en ese programa.
El control de precios debe ser efectivo. Para los abusos injustificados en esa materia de empresarios y comerciantes de todos los niveles y tamaños, el Estado ya cuenta con instrumentos efectivos de supervisión y deben aplicarse con severidad las sanciones previstas porque en ello se va el poder adquisitivo de las mayorías. La ley 24240 de defensa del consumidor es un buen ejemplo para ello.
Completando el cuadro económico central, debemos tener control estatal firme de las operaciones financieras, cambiarias y bancarias. Las entidades podrán operar solo bajo un férreo control público. Esa es la única forma de evitar especulaciones y maniobras que destruyen la credibilidad de nuestra moneda, que debe alejarse con determinación del parámetro distorsivo del dólar como variable única de valoración.
También proponemos que el Estado facilite las tramitaciones para que miles de productores de la argentina accedan a ser proveedores del mismo. Pequeñas y medianas empresas. Cooperativas. Autogestionadas. Empresas familiares, etc., que generan decenas de miles de puestos de trabajo y tienen muchas veces dificultades para colocar sus producciones. Eso también implica facilitar sus procesos contables y administrativos a través de legislaciones adecuadas a su magnitud.
Reformar la justicia, democratizándola y descolonizándola. Esta ha sido por casi dos siglos, en sus fueros mayoritarios, refugio y lugar de operaciones de la clase dominante contra el pueblo. Y también disciplinar, con conducción civil, a sus órganos principales de aplicación de la ley: las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, que nunca más deben volver a hacer instrumento de los gobiernos de turno para investigar y perseguir a propios y ajenos.
Poner en funcionamiento, de una vez por todas, la ley de servicios audiovisuales. Revirtiendo la reforma retrógrada macrista que consiste en reponer el artículo que permitía la desconcentración. Reformulándola y actualizándola todo lo que sea necesario, para evitar que siga siendo una de las principales armas del poder hegemónico para esparcir mentiras y manipulaciones, difamar a nuestros compañer@s, e influir, a favor de sus intereses, en la conciencia de cientos de miles.
En políticas de género la gigantesca movilización de las mujeres no se vio reflejada en medidas concretas para revertir las enormes injusticias que en esa materia aún perduran. Los femicidios no disminuyen y se incrementan en épocas de cuarentena, y los abortos clandestinos continuarán hasta que no haya una ley de interrupción del embarazo para que sea seguro y gratuito. Proponemos en ese sentido la declaración de estado de emergencia en violencia de género.
Los pueblos originarios siguen siendo discriminados e irrespetados, y sus territorios siguen siendo vulnerados y enajenados. Las distintas comunidades no han visto con buenos ojos las designaciones en INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) ya que no se corresponden con auténticas representaciones de esos pueblos. También debemos resolver esta problemática.
La política de despenalización del consumo de drogas es otra tarea pendiente. Está probado ya en muchos lugares donde se puso en práctica que no aumenta el consumo y que reduce su precio significativamente, convirtiéndose así en un factor de desmantelamiento del gran negocio del narcotráfico y del lavado de dinero. Es fundamental no criminalizar a las personas que usan drogas. Hay que reconocerlas como sujetos de derechos y ofrecerles abordajes desde la salud. Y también estas decisiones permitirían profundizar la utilización de algunas de esas drogas con fines medicinales, que también en muchos casos han sido ampliamente probadas.
Avanzar en un proceso de desmanicomialización que implique el cierre definitivo de esos obsoletos centros de salud, como así de los hospitales psiquiátricos, y que, al mismo tiempo, avance en la creación de centros culturales y comunitarios, articulados con los ya existentes, que asistan de manera ambulatoria a l@s usuari@s, desde el propio territorio, con un enfoque terapéutico de la salud mental comunitaria, y desde un paradigma de derechos humanos. También este proceso debe promover la inclusión y el acceso al ejercicio de todos los derechos ciudadanos de estas personas con padecimientos mentales.
En materia de política internacional debemos sumarnos a las propuestas de multilateralidad que proponen la mayoría de las naciones del mundo. Oponernos a las pretensiones de renovar viejas hegemonías y viejos bloques que proponen los países nucleados en la arcaica OTAN, y por supuesto oponernos también a la creación de nuevas hegemonías basadas en los cambios de la economía mundial. No nos parece correcta la política de alineamiento incondicional con el gobierno de Israel, y mucho menos que nuestro país suscriba la resolución 114/2020, que desconoce arbitrariamente la definición de pueblo semita. Ratificamos nuestro apoyo a la resistencia del pueblo de Palestina.
En el aspecto regional debemos hacer todos los esfuerzos por recrear una Afro-Indo-Latinoamérica como la que teníamos a principios del siglo 21 con ese enorme símbolo que eran las manos entrelazadas de Chávez, Lula y Néstor. Confiamos en la resistencia de los pueblos hermanos y creemos que nuestro gobierno debe ser solidario con esas Patrias en lucha, y debe mostrarse muy firme en la oposición a que EE.UU retome su política de “patio trasero” como parece pretender.

Por supuesto que estos puntos son solo un enunciado resumido de las muchas tareas pendientes que proponemos y que somos conscientes no serán de fácil concreción, y sobre todo si no encontramos en este contexto pandémico una forma de expresarnos masivamente como organizaciones del pueblo, para poder impulsar y respaldar a nuestro gobierno en todo lo que hay que recuperar y avanzar.
En ese marco será imprescindible nuestro agrupamiento en un gran Frente o en una gran propuesta política aglutinadora que debe exceder la mera necesidad electoral y convertirse en la más fuerte expresión de impulso a las imprescindibles realidades efectivas que debemos concretar.
Reiteramos la consigna de nuestro título, los descamisados tampoco debemos pedir permiso. Confiemos en nuestro pueblo, en el más humilde, en la clase trabajadora, en los pequeños productores rurales y fabriles, en los reclamos ancestrales de los pueblos originarios, en las mujeres que luchan más que nunca, y en los jóvenes que se agrupan en los barrios, en los lugares de estudio y también en las redes sociales, y que siguen expresando su rebeldía de siempre.

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Agrupación Envar El Kadri – Peronismo de Base