Marcha atrás de Suárez

El radical cedió a la presión popular y anunció que la ley no se va a aplicar hasta finalizar una ronda de diálogo. Complica el plan de Alberto para incentivar la minería.

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, tuvo que ceder ante la presión popular y anunció este jueves que suspendió la reglamentación de la ley que habilitaba la minería con sustancias contaminantes, aunque ratificó su intención de aplicarla tras una ronda de diálogo.

A pesar de que en las últimas horas los funcionarios de Suárez habían asegurado que continuarían con el plan para el desarrollo de la minería, el rechazo social (empujado por agrupaciones ambientalistas y la Iglesia) le torció el brazo al mandatario radical.

«Voy a suspender la reglamentación de la ley», anunció Suárez en una sorpresiva conferencia de prensa. «No se va a aplicar hasta finalizar la ronda de diálogo», agregó. A ese diálogo, sobre el que no dio mayores precisiones, dijo que convocará a todos los sectores que rechazaron la modificación de la ley.

Entre esos mencionó a grupos ambientalistas, universidades y también a la Iglesia local, que adoptó una postura muy dura y tuvo un apoyo importante de la Conferencia Episcopal Argentina que difundió varios comunicados contra la ley minera. «El arzobispado esta haciendo una defensa del agua sin ningún fundamento», cuestionó Suárez.

«No queremos que los violentos ganen el debate», dijo el gobernador radical, que habló de amenazas en su contra y también de funcionarios y familiares. También dijo que hubo dirigentes del peronismo que cambiaron de opinión por «miedo» ante las amenazas. Negó, además, que haya existido represión de la Policía contra los manifestantes. 

A pesar de la suspensión de la vigencia de la ley, Suárez ratificó su idea de desarrollar la minería y amenazó con llamar a un plebiscito para que se defina el tema, aunque dijo que prefiere resolverlo mediante el diálogo. «Existe la posibilidad de escuchar a las mayorías silenciosas, de una consulta popular vinculante», dijo, sugiriendo que el rechazo a la minería es minoritario.

La marcha atrás de Suárez implica un fuerte revés en términos económicos y políticos para su gestión, pero también complica los planes de Alberto Fernández de empujar el desarrollo de la minería. El presidente había respaldado públicamente la ley mendocina aún antes de su aprobación y hasta habría recomendado al peronismo de esa provincia que apoye al gobernador.

Fernández cree que en la minería hay una fuente importante para obtener los dólares que necesita la economía y por eso avaló el plan mendocina. También lo hizo para el caso de Chubut, la única provincia donde la minería sigue prohibida. Ese gesto generó un alerta en los grupos ambientalistas chubutenses que ya convocaron a protestas ante la posibilidad de que el gobernador Mariano Arcioni busque que se derogue la prohibición.