Otra operación contra el Grupo Indalo
El periodista de La Nación Hugo Alconada Mon publicó un nuevo artículo en el centenario diario plagado de errores e inexactitudes sobre la marcha de la causa
El periodista de La Nación Hugo Alconada Mon volvió a publicar este martes una nota plagada de errores e inexactitudes en torno a la causa del Grupo Indalo y la supuesta deuda que mantenía con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
«Alconada Mon nos ha decepcionado una vez más porque teníamos el mejor concepto de él. Ahora insiste con este artículo que es falso, no desapareció información de la AFIP y tampoco es clave esa documentación» a la que se refiere advirtió Eduardo Favier Dubois, abogado del Grupo Indalo.
Según consignó este martes La Nación «en un giro inesperado que podría causarle pérdidas millonarias al Estado nacional, la documentación que sustenta el reclamo de la AFIP en contra de Oil Combustibles, la petrolera de los empresarios patagónicos Cristóbal López y Fabián de Sousa, no aparece».
«No desapareció ninguna documentación de la AFIP ni es clave esa documentación» explicó Favier Dubois en C5N y siguió: «El original está y siempre estuvo en la AFIP. Jamás hubo peligro con esa documentación».
Según explicó el letrado «no es clave por que el legajo de la AFIP sobre esta deuda ya fue verificado, ya hay sentencia firme en el juicio, hoy no hace falta para nada, es más se podría tirar si se quisiera porque el original estuvo y está siempre en la AFIP, en el legajo hay copias. Ese legajo lo pidió la propia empresa para lograr un avenimiento, para lograr un acuerdo con la AFIP como todo deudor concursado o quebrado para poder llegar a un plan de pagos y pagar hasta el último peso».
«Entonces la documentación jamás desapareció, estaba en un lugar oficial como son los peritos de la Corte y hoy ya está de nuevo en el juzgado y el original siempre estuvo en la AFIP, cuando la AFIP se tiene que presentar a verificar presentan el original, le dejan una copia al síndico y se lo vuelve a llevar. Jamás estuvo en peligro esa documentación», insistió.
Favier Dubois advirtió además que la nota de La Nación incluye «una mentira todavía mayor que es decir que los síndicos se apresuraron en presentar la demanda contra la AFIP, quien destruyó a la empresa, por el contrario ya se les había vencido el plazo vencido para presentar la demanda, o sea no fue prematuro sino con el plazo vencido».
Por su parte Alberto Spota, uno de los abogados de López advirtió que «aquí se montó un discurso que en los hechos no se corrobora en absoluto con las constancias que están saliendo a la luz semana tras semana».
Y siguió: «Son notas que están plagadas de errores de todo tipo, ojalá que sean involuntarios. El discurso mediático no se corresponde con lo que se ve en las causas penales y comerciales. Por un lado va la verdad jurídica y por otro lado lo que quieren montar mediáticamente. Quieren sacar a relucir que había desprolijidades cuando no las hay. La prueba pericial demostró que no hubo ningún incumplimiento fiscal por parte del Grupo Oil, esa pericia fue firmada por los peritos de parte y también el perito de la AFIP y del Ministerio Público, no dijeron nada».
¿Por qué miente La Nación?
Según consignó Gabriel Morini este martes en ámbito.com, «el intento de sugerir que parte del legajo original de deuda habría desaparecido enmascara una maniobra que se puso en marcha apenas fue público el tenor de la denuncia de la sindicatura contra la AFIP por haber forzado –a través de resoluciones y actos administrativos “dolosos”- la quiebra de la petrolera. Al día siguiente de presentada ante la justicia comercial, y por su impacto judicial en todo el expediente de la quiebra, los síndicos que la redactaron fueron desplazados por orden de la jueza Valeria Pérez Casado pero, aclarando que su cese era efectivo recién a partir del día siguiente de interpuesta la demanda por daños y perjuicios por la responsabilidad de la AFIP durante la gestión de Alberto Abad. Por ende, acreditó su legalidad y le corrió traslado al organismo recaudador para que conteste la acción, ahora bajo el mando de Mercedes Marcó del Pont».
«La funcionaria instruyó a las distintas áreas técnicas para que revisen el accionar de sus antecesores y poder así responder el planteo que por primera vez pone de manifiesto que pudo haber habido un accionar persecutorio desde la AFIP contra un determinado contribuyente. La suspicacia de que pudo haber desaparecido documentación busca también condicionar esa respuesta. Como así también apuntar al corazón de la causa Oil que fue el peritaje contable a cargo de la Corte Suprema que verificó –a pedido del Tribunal Oral Federal N°3- que a diciembre de 2015 no había deuda exigible por el ITC y que todos los planes de pago a los que había adherido la petrolera y le habían sido otorgados por el denominado Artículo 32 estaban al día, sin mora. Ese es el punto fundamental de discusión en el juicio oral por la supuesta defraudación al Estado. Si a diciembre de 2015 los planes estaban al día, y la empresa terminó en la quiebra pocos meses después y por hechos generados a partir de 2016, la denuncia de los síndicos por el accionar de la AFIP durante la era Cambiemos adquiere otro cariz. Más si los peritos, que firmaron por unanimidad el informe dirigido al TOF 3, incluida la querella y los representantes de la fiscalía, están próximos a ser llamados a prestar testimonio en el juicio», explicó Morini.
Y sigue: «La estrategia de buscar deslegitimar la denuncia de los síndicos y condicionar el futuro del expediente quedó plasmada a través de una nota en el diario La Nación que afirma que existió “desaparición” de documentación “clave” que podría complicar a los accionistas de la petrolera Cristóbal López y Fabián De Sousa. Se apoya en una nota que Pérez Casado le remitió a la AFIP para que acompañe la documentación que tuviera en su poder relacionada al “legajo” donde figuran sus créditos. La jueza no indica que hay un faltante: sino que aporte todo lo que pueda tener en su poder y que sea original».
