«Si es necesario volvemos para atrás»

Gobierno sobre el «botón rojo»: «Si vemos que hay vidas en riesgo, volvemos para atrás»

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que podrían volver a disponerse medidas restrictivas si continúan en ascenso los casos de coronavirus. «Nos comprometimos a pagar costos políticos en pos de defender vidas», explicó.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que podrían volver a disponerse medidas restrictivas si continúan en ascenso los casos de coronavirus.

“Nos comprometimos a que si hay que pagar costos políticos por decisiones que no agradan lo haremos en pos de defender vidas”, explicó.

“Si vemos que se están poniendo vidas en riesgo,vamos a volver para atrás, si la situación de la pandemia lo amerita”, agregó el funcionario.

Mencionó que, anteriormente, la pandemia se focalizaba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pero actualmente se propagó a otras zonas y dijo que los gobiernos locales e intendentes «deben tratar de cortar la circulación con restricciones».

«Venimos trabajando juntos pero quienes fiscalizan la aplicación son los gobiernos locales», enfatizó.

En torno a las manifestaciones ciudadanas, Cafiero expresó que el Gobierno «es respetuoso pero no está de acuerdo con el modo» por la posibilidad de expandir los contagios de coronavirus.

Respecto a a la problemática de las tomas de tierras, dijo que hay que «actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales».

«Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado: hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es complejo», evaluó el funcionario.

El ministro coordinador sostuvo sobre el tema que «no funciona pensar una sola solución» y criticó al Gobierno anterior, «que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente«.

«Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años», agregó.

En ese sentido, señaló que el expresidente Mauricio Macri «había anunciado que iba a hacer viviendas y nada de eso pasó, otra promesa incumplida, y lo mismo la exgobernadora María Eugenia Vidal» y consideró «muy pobres» a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia.

«Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore», criticó.

Por último, mencionó que la toma de tierras «en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal».

«Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel», concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.

Por otro lado, Cafiero destacó que el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, anunciado por el presidente Alberto Fernández, busca que las fuerzas de seguridad puedan «actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y mayor cuidado hacia los efectivos».

«El programa hace eje en los recursos relacionados a la tecnología aplicada, mayor cantidad de cámaras y elementos para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y más cuidado hacia los efectivos», dijo.

En ese marco, Cafiero destacó en declaraciones a radio Mitre que la construcción y mejoramiento de nuevas unidades carcelarias busca «descomprimir las comisarías y trasladar a los detenidos que se encuentran allí».

El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad presentado ayer implica una inversión total del Gobierno nacional de 37.700 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos serán transferidos a la provincia de Buenos Aires para la adquisición de equipamiento.