Tailhade: “Rosenkrantz pidió, Stornelli no cumplió”
El diputado nacional Rodolfo Tailhade le apuntó al polémico fiscal de las «fotocopias» por no cumplir con la ley, tras ausentarse a su segunda convocatoria a indagatoria.
En la apertura del año judicial, el titular de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, se mostró preocupado por “la crisis de legitimidad” de la justicia argentina y porque “los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial”. Y agregó que “pertenecer al Poder Judicial no es un privilegio. Ser jueces o funcionarios del Poder Judicial no nos confiere derechos sino que, por el contrario, nos impone deberes y responsabilidades”.
Menos de 24 horas después el fiscal Carlos Stornelli, sospechado de integrar una red de espionaje ilegal, se negó por segunda vez a declarar ante el juez federal que lo investiga. Demuestra así el fiscal no sólo que es miembro de la mafia que espía y extorsiona, sino también su desprecio por los valores que deben guiar la actuación de magistrados, según lo expresado por el propio Rosencrantz.
Lo más grave de la nueva presentación de Stornelli es la amenaza velada respecto a que el juez violó secretos. Claro, son los típicos secretos del hampa.
En simultáneo, medios de comunicación que se encuentran muy comprometidos con la organización mafiosa descubierta, concretamente TN y el operador macrista Luis Majul, dan a conocer más escuchas ilegales, sobre conversaciones privadas judicialmente intrascendentes, que provienen justamente de la oficina de escuchas que depende de la Corte Suprema de Justicia.
Esta sucesión de hechos, sumado a los tres nuevos procesamientos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que dictó esta semana el juez Claudio Bonadio, muestran a las claras el estado de desesperación que viven los sectores mafiosos que coexisten en el Poder Judicial en general y la justicia federal en particular, en el marco de un proceso de descomposición notorio de esas estructuras, que está socavando el estado de derecho y la democracia.
Bastó que una investigación judicial transparente muestre una pequeña parte de la información que se obtuvo en el allanamiento del falso abogado D’Alessio, sospechado de ser agente de inteligencia estadounidense, amigo del operador de Clarín Daniel Santoro y de las diputadas guardianas de la república (para pocos) Elisa Carrió y Paula Oliveto (Pau o Negra, según los audios de D’Alessio), para que el pánico se apodere de las cabezas del lawfare que en los últimos tres años no tuvo prurito en violar todas las normas del estado de derecho para encarcelar dirigentes opositores.
