Terror narco. Un toque de queda espontáneo y el desafío que enfrenta el gobierno para quebrar el miedo

La saga de extrema violencia en Rosario estalló cuatro días después de que Javier Milei exaltara el éxito del operativo de las fuerzas federales; el Presidente visitará la ciudad dentro de tres semanas

Se vivieron dos fenómenos inéditos en esta ciudad en apenas una semana. Con una estrategia planificada, el crimen organizado paralizó la tercera ciudad más grande del país, a partir del asesinato de cuatro trabajadores elegidos al azar. Ante el terror que irradió esta secuencia sangrienta, la población decretó un toque de queda unilateral. Durante varios días las calles quedaron desiertas, sin transporte público, sin poder comprar combustible, con las escuelas cerradas, los centros de salud sin atención, y muchos locales comerciales con las persianas bajas.

En ninguno de los dos casos hubo una intermediación del Estado. Ni para perseguir y detener a los asesinos que actuaron con total impunidad –hay 16 detenidos, pero ninguno de ellos con roles protagónicos- ni para dar las garantías de que los rosarinos pudieran romper el miedo y volver a vivir con cierta normalidad. La desconfianza recayó sobre la política y el temor sobre el “terrorismo narco”, como lo llamó el gobierno.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, trató de evitar subirse al exitismo de pensar que porque la violencia en Rosario se había apaciguado en enero y febrero se había terminado el problema. No había razón ni argumentos que explicaran que con una estrategia delineada por el gobierno nacional y provincial se obtuviera ese logro. Una de las hipótesis que se barajan en la Justicia es que el descenso de la violencia tuvo que ver con una decisión de los grupos narcos, que formaron una especie de consorcio para enfrentar un enemigo común: el gobierno de Santa Fe, y dejaron de matarse entre ellos por espacios territoriales, como ocurrió los últimos diez años.